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Cinco representantes integran, en calidad de consejeros, el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (Ipas). Proceden de diferentes puntos del territorio provincial y de los tres pueblos originarios más numerosos: tobas, mocovíes y collas.
Lorena Lerati (mocoví) viene de Marcelino Escalada; Rufino Vazque (mocoví), de El Palmar, Berna; Darío Pereyra (toba), de Las Toscas; Carlos Mansilla (toba) vive en barrio Las Lomas de esta ciudad, y Juan Calisaya (colla), en Firmat. Los cinco dialogaron con El Litoral sobre las prioridades de un trabajo que se inició en las últimas semanas en cargos que -de acuerdo con la ley 11.078- tienen tres años de vigencia.
"Creo que llegó el momento de que nos reconozcan dentro de una cultura olvidada. La gente que más luchó para lograr esto, hoy está haciendo sus primeros pasos", señaló Calisaya para quien es fundamental "poder llegar a los demás hermanos que no tienen la posibilidad de expresarse en una sociedad". "Creo que dentro de la ley -de la que se reglamentaron sólo los artículos que disponen la creación del Ipas- podemos hacer un montón de cosas por los problemas que vivimos en forma cotidiana en el sur, en el norte, en las islas".
Entre los problemas compartidos por las comunidades, Lerati ubicó el acceso a las tierras, a la educación y la salud. "La mayoría de los integrantes de la comunidad no llega a la Educación Superior por su condición económica y por ser aborigen", consideró la representante del pueblo mocoví que es una excepción: ella estudia Magisterio.
Calisaya también tiene una historia diferente: es empresario, aunque admite que vivió en carne propia la discriminación, un tema que está siempre presente en la charla. "Uno se autodiscrimina cuando duda entre ingresar o no a un local", confiesa. "Pero sabemos pensar y hacer con el corazón para el que necesita. Eso decían nuestros antepasados: que todos somos hermanos y tenemos que repartir un pedazo de pan a cada uno, para que nadie se sienta ni más ni menos".
Si bien no existen cifras certeras, se calcula que en territorio santafesino viven entre 30 y 40 mil aborígenes. "Muchos se han organizado -señala Vazque- y los ancianos han dejado un camino para que la juventud siga peleando por sus derechos. Esta carrera no empezó ayer, es un trabajo de mucho sacrificio, porque esta ley fue sancionada hace varios años por el empuje de sus dirigentes. Hay una organización provincial que nunca bajó los brazos, que estuvo trabajando por debajo en forma callada y creo que la mayoría de la sociedad no sabía qué estaban haciendo los indígenas".
"Nosotros no figuramos en los libros ni en la mayoría de los municipios. �Por qué no tenemos derecho a ocupar un cargo político?", se pregunta Calisaya quien cuestionó "cómo se puede armar paquetes de turismo al sur o al norte hablando de los collas o los mapuches como si fuésemos un objeto más. Es importante que se sepa que podemos pensar y luchar, con honradez".
Una situación similar se vive en Las Lomas, el barrio ubicado al oeste de la ciudad donde la comunidad toba tiene una fuerte presencia. Sin embargo, para Mansilla está claro que "somos conocedores de nuestra lucha, de nuestros derechos. conocemos las necesidades de los demás y qué es lo que queremos".
Por su parte, Pereyra consideró que desde el instituto y con la herramienta de la ley "por la que durante tantos años se ha estado luchando", se puede trabajar en muchos aspectos que los preocupan como representantes: "en la discriminación, la salud, en proyectos de trabajo en que podamos identificarnos". Y enfocó las necesidades en el tema de la vivienda, "un problema que se padece en el norte"; el agua, de la que se carece en algunos lugares, y la educación.