Ayer la Asociación Civil Anticorrupción anunció la presentación ante la Comisión Bicameral de Acuerdos de un escrito -cuya copia se entregó a El Litoral- a los fines de manifestar la preocupación de la entidad "ante la propuesta efectuada por el Poder Ejecutivo provincial elevando los pliegos de los Dres. Daniel Erbetta y Agustín Bassó para ocupar los cargos de ministro y procurador de la Corte Suprema, respectivamente".

"En nuestra opinión, no advertimos justificación a la premura para proceder a la cobertura de tales cargos, más aún cuanto existen numerosas vacantes en el Poder Judicial desde hace mucho tiempo, lo cual acarrea como consecuencia que dichas designaciones sean vistas como sospecha de pretensión de impunidad en el futuro", dice entre otros conceptos.

El escrito se refiere, en una parte, a que al candidato a la procuración, con larga trayectoria en el Poder Judicial, no se le soliciten explicaciones respecto de la reciente denuncia de retardo de justicia que informara El Litoral el 10 del corriente pasado y sobre dicho candidato consigna que la entidad espera que "esa comisión adopte los recaudos pertinentes teniendo en cuenta la elevada función que le compete al procurador de la Corte como superintendente del Ministerio Público, hacen que si él mismo no da ejemplo de diligencia en el cumplimiento de sus derechos, cabe imaginar la distorsión que puede reflejarse en la labor de los demás funcionarios sujetos a su supervisión. No podemos olvidar - expresa el escrito firmado por la Dra. Graciela Arroyo de Begino y los Dres. Hugo Miretti y Mario Pilo- que la Justicia de esta provincia ha permitido la prescripción de la gran mayoría de las causas por corrupción, algunas de ellas emblemáticas como la Caja de Jubilaciones y el Banco Provincial, entre otras. Esto acarreó el desprestigio ante la comunidad santafesina de la justicia en particular y de los gobernantes en general, lo que quedó demostrado recientemente, con la gran cantidad de ciudadanos que se abstuvieron de votar o lo hicieron en blanco o anularon su voto".

En cuanto al candidato a ministro de dicho poder, la Asociación Anticorrupción sostiene que "igualmente debiera conocerse su desenvolvimiento profesional en cuanto pueda efectuar la imparcialidad en su función, que configura un principio insoslayable de la magistratura".

El escrito finaliza diciendo que "no bastan las condiciones académicas y es hora de que quienes de alguna forma rigen nuestros destinos, no sean designados por ser ungidos por el gobernante de turno, sino que sean merecedores de la confianza de los ciudadanos para lograr respeto y la eficiencia concreta de nuestras instituciones republicanas".