La conflictiva situación creada en Córdoba con las irresueltas elecciones de hace 17 días, aunque también hechos anteriores y posteriores, han potenciado la posibilidad cierta de que haya pedidos comunes en aquel sentido ante la Justicia electoral.

A poco de la elección cordobesa, la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió y la coalición para Una Nación Avanzada (UNA) de Roberto Lavagna comenzaron a insinuar la necesidad de que el comicio presidencial cuente con la presencia de veedores internacionales. Otras fuerzas menores de la oposición se pronunciaron en el mismo sentido.

Carrió y su compañero de fórmula, el senador socialista Rubén Giustiniani, volvieron ayer sobre el reclamo, esta vez con el agregado de supuestas irregularidades que se habrían producido el domingo en las elecciones en Chaco. "Pueden faltar boletas, como sucedió en Chaco", dijo ella con respecto a la supuesta ausencia de papeletas del ARI en algunas mesas. Curiosamente, Carrió saludó de inmediato el triunfo provisorio del candidato kirchnerista a gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, como expresión del "cambio" en su provincia natal.

"Hay posibilidad de fraude. Que la Cámara Electoral tome registro frente a la posibilidad de que haya un ballottaje y no tengamos garantías", dijo ayer durante un acto electoral aquí. Carrió y Giustiniani pidieron la presencia de veedores internacionales y convocaron a la presencia de un fiscal por cada una de las más de 6.000 mesas electorales habilitadas para la presidencial a fin de garantizar "la absoluta transparencia".

Sin tanta presencia mediática, la UNA de Lavagna analiza la posibilidad de solicitar formalmente la convocatoria de veedores, como también la instrumentación de medidas extraordinarias para la presidencial. La ocasión para hacerlo será el 2 de octubre, cuando la Junta Nacional Electoral de esta capital, con jurisdicción nacional, convocó a los candidatos presidenciales o a los apoderados de sus fuerzas para "debatir si hay invitados especiales u observadores internacionales" durante la elección y el escrutinio del 28 de octubre, según reza la convocatoria.

El principal vocero de Lavagna, Alejandro Rodríguez, confirmó la probabilidad de avanzar aún más ante la autoridad judicial electoral: pedir la presencia de veedores de la OEA (Organización de Estados Americanos) o de la Comisión Carter, la misma que fiscalizó la elección de 2004 en la que resultó reelecto el venezolano Hugo Chávez.

Los hechos que fundamentarían el pedido tienen que ver con los sucesos de Córdoba, pero también con la presencia de DNI "truchos" en la elección de constituyentes de Misiones en octubre pasado. También solicitarán medidas internas de control que apuntan a garantizar la transparencia, como la limitación en la difusión de encuestas que buscan instalar una "orientación de voto determinada entre los ciudadanos"; el control sobre las encuestas a "boca de urna"; una mayor injerencia de los fiscales informáticos en el escrutinio provisorio, y la fiscalización de los pasos electorales a cargo del estatizado Correo Argentino.

La oposición se tomará en esta demanda de las propias palabras de Néstor Kirchner cuando trató de neutralizar cualquier efecto nacional por el caso Córdoba. "Las elecciones deben ser claras y cristalinas", dijo entonces el Presidente.