La Cámara de Droguerías e Insumos Medicinales, perteneciente a la Asociación Empresaria de Rosario (Cadim) dio a conocer -a través de un comunicado de prensa- la situación que atraviesan las empresas asociadas a esa institución en relación al Ministerio de Salud de la provincia.
Cadim recordó que este año denunció -en reiteradas ocasiones- que diversos efectores provinciales dependientes de Ministerio de Salud provincial acarreaban serios atrasos en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus proveedores. Por este motivo, oportunamente peticionó a las autoridades correspondientes una pronta solución al problema de fondo, debido a la trascendencia que éste tiene para la población.
Sin embargo -aseguró-, la problemática continúa hoy vigente y con tendencia a agravarse. Esto motivó que el 12 de setiembre pasado enviara cartas documento a la ministra de Salud y al gobernador, alertándolos sobre esa situación. También les advertían que "de no tomar cartas en el asunto, la Cadim se verá en la obligación de ejecutar las medidas que estime pertinentes a los fines de salvaguardar los intereses de sus asociados".
En otro orden, recordó que "con anterioridad a dichas intimaciones se ha presentado nota en el Ministerio de Salud, con el listado detallado de deudas que mantiene cada efector público con cada una de las empresas asociadas, que -al 15 de julio de este año- llegaba a los 2.800.000 pesos. Esto, sumado a las facultades de información que -conforme el art. 6° de la ley 10.608 posee el Ministerio de Salud respecto de sus entes descentralizados- es una cabal muestra del grado de desinterés que las autoridades evidencian en relación a los problemas de sus representados".
Por último, insistió en que "como se encuentran comprometidos los intereses de sus asociados, la Cadim hace saber que otorga a las autoridades del Ministerio de Salud el plazo de siete días para que dé solución a la problemática planteada, caso contrario se procederá al corte del crédito a las instituciones de salud provincial".
En tanto, solicitó que "se expresen, en forma pública o a través de instrumento privado, cómo se garantizará el pago de las acreencias generadas en su gestión, conforme la transición de gobierno a producirse en estos meses".
