Pocas dudas quedan sobre la pertenencia de la Argentina a esa clase de países en los que la actividad política es más un riesgo para la producción que una herramienta de desarrollo.
Resulta una perogrullada decir que el campo, que ya tiene que lidiar bastante con los peligros del clima, la biología o los mercados, es uno de los que sufren en carne propia esta peculiaridad. De todos modos vale recordar que desde que asumió la actual administración K, y sobre todo en estas vísperas de elecciones, el riesgo político se hace sentir y promete (o amenaza con) nuevas complicaciones para el sector.
Como se sabe, el crudo invierno desató una gravísima crisis energética que impactó duramente en la producción monopólica de uno de los insumos más utilizados en el agro: la urea. De la misma manera que los acólitos de K ahora pretenden hacernos creer que la inflación no existe, por entonces se empecinaron en negar las dificultades que desembocaron en un serio desabastecimiento del fertilizante nitrogenado, vital para la campaña agrícola, de la que -además- el gobierno es cada vez más dependiente.
Los inicios del ciclo 2007/08, con la siembra del trigo, fueron tiempos de zozobra para los chacareros, que en su estrategia empresarial debieron calcular si iban o no a poder contar con el insumo. Del mismo modo, al momento de planificar, muchos habrán esperado alguna novedad respecto del cierre a la exportaciones de trigo y maíz, que todavía permanecen clausuradas.
Ahora se suman los cada vez más recurrentes rumores de un nuevo manotazo a la soja (léase aumento de retención). Es que, aprovechándose de la escalada en la cotización, la troupe K vuelve a tener margen para intentar evitar lo que algunos anticipan como el fin del superávit fiscal en 2008, o bien de redoblar el reparto de fondos para subsidiar alimentos (en desesperado intento de frenar la inflación, aquello que se empecinan en negar).
Mientras tanto, las empresas lácteas se rehusan a donarle a los recaudadores la mitad de sus ventas al exterior -sólo pueden percibir un máximo "precio de corte" de u$s 2.100, mientras los compradores pagan hasta u$s 5.000 la tonelada de leche en polvo- y ya no encuentran lugar dónde seguir estoqueando la producción que no les conviene exportar. Como si no hubieran sido suficientes las penurias del otoño, ahora que arrancó la primavera y la materia prima se multiplicará más allá de lo que necesita el mercado interno, le toca a los tamberos sufrir la angustia de intuir un probable golpe a sus ingresos.
A esta altura también resta esperar que pase el 28 de octubre para develar algunas incógnitas vitales para la producción (y para todos los argentinos). Sobre todo si K le hará el favor a su mujer de evitarle el costo político de actualizar algunos indicadores de fantasía, como las tarifas o el precio del combustible.
Evidentemente, en esta parte del mundo, al campo ya no le alcanza con la permanente actualización tecnológica o la versatilidad de sus empresarios para adaptarse a los cambios del mercado. Hay un nuevo paradigma que incorporar, quizás más difícil de asumir, y de calcular, pero no menos determinante para la actividad. La política vernácula parece instalarse como uno de los riesgos más exigentes para el sector.
