La publicidad de la declaración jurada de los jueces

Oportunidad para acercar el Poder Judicial a la sociedad
Mariano Candioti ubicó la decisión del Consejo de la Magistratura en el conflicto que presentan dos leyes. Sostuvo que es un aporte a la mejora de la calidad institucional.

Como una oportunidad para que el Poder Judicial mejore su relación con la sociedad entendió el doctor Mariano Candioti, la resolución dictada esta semana por el Consejo de la Magistratura, por la que los jueces deben hacer públicas las declaraciones juradas de bienes que, año a año, presentan ante la Corte Suprema de Justicia.

Candioti representa a los académicos en el Consejo, e integró la mayoría que votó esta decisión que viene a mediar en el conflicto entre dos leyes, la de ética pública y la de hábeas data. "Cuando mezclamos el derecho a la información presente en la ley de Ética y la ley de Hábeas Data hay un conflicto. Esto se planteó en el ámbito del Consejo de la Magistratura ante el pedido de periodistas del diario La Nación y de la organización Poder Ciudadano".

La ley N° 25.188 de Ética Pública establece obligaciones, compatibilidades e incompatibilidades de todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Dentro de este programa de deberes, está involucrado el derecho de la comunidad a conocer los actos y, particularmente, la cuestión de los patrimonios de los funcionarios públicos para lo cual les establece la obligación de presentar declaraciones juradas de bienes. "Es una conjunción normativa que tiende a garantizar a la comunidad la posibilidad de tener acceso al conocimiento de los patrimonios de los funcionarios públicos", advierte.

Pese a que a la ley le falta la constitución del comité de ética, para el Consejo de la Magistratura esto no torna inoperante al resto de la norma. Esta ley contempla la posibilidad de tener anexos de datos públicos y otros reservados. Cada poder dictó sus reglamentaciones. El propio Candioti admite que en sus ocho años de decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL -siguiendo la reglamentación del Ministerio de Educación de la Nación- debió presentar una mayor documentación que ahora cuando integra un estamento del Poder Judicial.

Cada poder determina qué dato es público y cuál es privado así como el nivel de desagregación que debe tener cada declaración.

La ley de Hábeas Data, en tanto, pone de relieve el valor de la reserva y legitimidad de todos los elementos que hacen a una persona. Uno tiene derecho a que las datas de su propia vida estén resguardadas y establece cómo van a funcionar los bancos de datos.

"Ahí está el conflicto ya que la ley de Ética Pública establece el mecanismo de acceso a los datos con requisitos mínimos de quien lo solicita y la de Hábeas Data protege los datos sensibles, salvo que haya voluntad de la persona involucrada", explicó.

Este choque de leyes es lo que hace que Poder Ciudadano y periodistas recurran al Consejo de la Magistratura. "La información debe ser pública e incluso con datos del patrimonio, sacando a cónyuges e hijos menores. Si alguien quiere saber sobre el patrimonio de un magistrado nos parece bien que se sepa, así como sobre su situación financiera. Lo aconsejable hubiese sido que el propio Poder Judicial reglamentase un formulario diferente con un anexo público y otro con mayor resguardo. Ahora, fijamos jurisprudencia y de aquí en más, el Consejo podrá reformular los anexos".

Ante el argumento de los jueces cuando señalan que tienen un ámbito de competencia material que los puede vincular a cuestiones potencialmente peligrosas que les pueden generar represalias, el Consejo entendió que esto es un tema de inseguridad colectiva y que le puede también suceder a legisladores cuando discuten determinados proyectos.

"El debate no está cerrado. Hay que seguir discutiéndolo. Habrá que ver la evolución, buscar mecanismos de armonía de derecho de la comunidad y buscarle alguna cuestión de permanencia que los datos sensibles tendrán resguardo por el Consejo de la Magistratura", reconoce.

En cuanto al rol de los medios, el consejero entiende que "actúan como vértice representando a la opinión colectiva. Es la oportunidad para que el propio Poder Judicial revea una relación armoniosa con el resto de la comunidad para dejar de lado cualquier vestigio de consideración corporativa. Es un acto de madurez institucional que aportará calidad institucional".

En ese marco, Candioti espera que provoque un mayor acercamiento entre el cuerpo social y el máximo garante del Estado de Derecho. "Si ha habido un divorcio entre la sociedad y el Poder Judicial con pequeños actos, hay que construir el acercamiento desde el lenguaje hasta los hechos de mayor a menor. La credibilidad del Poder Judicial es la máxima derrota del sistema democrático. El no haber recuperado el respeto por el Poder Judicial independiente es un tema en el cual todos tenemos cuota de responsabilidad", reconoció.