Junto al desprestigio que se ha extendido sobre la actividad política, una profunda crisis embarga a los partidos en todo el país.

Las agrupaciones políticas que los ciudadanos forman en democracia, según sus afinidades ideológicas a lo largo de la historia, son -como las instituciones y los poderes republicanos- parte constitutiva de la relación que une a representantes y representados. Y lo dicho sirve tanto para quienes trabajan en el oficialismo y en la oposición, como acerca de quienes mantienen posturas independientes y que, según las circunstancias, optan entre diferentes propuestas electorales.

En pocas palabras, lo que ocurre con los partidos políticos, además de ocupar a quienes los integran o los dirigen, debe importar también a quienes no tienen una identidad partidaria.

La crisis de los partidos políticos, de sus identidades colectivas y de su funcionamiento interno puede verificarse a través de la ausencia de las siglas tradicionales en las boletas electorales que se preparan para el 28 de octubre. Los Frentes han suplantado a los protagonistas históricos de la política argentina.

Otro aspecto, más crítico, es la completa ausencia de debate interno en las agrupaciones políticas. Es sintomático que ningún candidato presidencial con alguna aspiración firme provenga de una elección interna.

La premisa de la libertad, un imperativo sagrado, debe expresarse, en el caso de los partidos políticos, por medio de una conveniente distancia entre estos organismos -formados entre particulares- y los engranajes burocráticos e institucionales del Estado -a excepción, claro, de los cargos electivos-. Los ejemplos de experiencias totalitarias en las que el partido del gobierno se ha confundido -y hasta fundido- con lo estatal abundan en ambos extremos del arco ideológico, en episodios de izquierdas y derechas, con secuelas que avergüenzan al género humano.

�Pueden, entonces, desde el Estado, discutirse políticas públicas sobre los partidos políticos? Es evidente que sí, y que se lo hace cada vez que se debaten las leyes electorales, la financiación de los partidos políticos, o cuando -con la manifiesta complicidad de una mayoría que borra límites entre oficialismo y oposición- se dejan al margen de cualquier control los gastos de las campañas electorales.

Han pasado más de 25 años desde que fuera reconquistado el Estado de Derecho. La reforma política -reclamada virulentamente en la crisis de 2001 y 2002- no ha logrado aún los avances esperados, pero cuenta con inobjetables expresiones en su favor, como la Mesa de Diálogo Argentino, que formuló propuestas concretas para abrir los partidos políticos y la actividad política a la sociedad.

En Santa Fe, la Ley de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias creó condiciones que favorecieron la celebración de internas partidarias en las que pudo participar el ciudadano común, sin ataduras a padrones partidarios de ya muy dudosa confiabilidad.

Entre tanto, a nivel nacional, algunos distritos han diseñado un sistema de "listas colectoras" con multitudes de boletas, un eufemismo para los neolemas, que los santafesinos conocen por sus lamentables efectos.