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Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia hicieron pública la preocupación del sector por sendos proyectos de ley presentados en el Senado que recortan sus incumbencias y, además, reclamaron ser incluidos en el sistema de mediación de Santa Fe.
Carlos Alberto Annichini preside el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia y Germán Bonino, el Colegio de Graduados de Santa Fe. Ambos expusieron la postura sobre los proyectos de creación del Tribunal Fiscal provincial, que los excluye de su integración, y acerca de una reforma a la ley de aranceles de abogados que -además- elimina el artículo que permite a los contadores actuar ante el Registro Público de Comercio.
"Entendemos que hay avances sobre nuestras incumbencias; los profesionales deben estar atentos y tanto desde el Consejo como del Colegio vamos a actuar en la defensa de nuestras competencias", dijeron en El Litoral.
Desde abril de este año e impulsado por el senador Juan Carlos Mercier (PJ-La Capital) está en comisiones un proyecto de modificación de aspectos procesales del Código Fiscal de la provincia, elaborado por el Colegio de Abogados de Rosario, dentro del cual se propone crear el Tribunal Fiscal provincial. En la Cámara de Diputados, el socialista Raúl Lamberto también presentó un proyecto sobre este tipo de tribunal, pero dándole participación a esta profesión.
Las entidades coinciden en destacar que el proyecto del Senado "es una encomiable iniciativa de reforma a un texto que, a pesar de seguir siendo utilizado, se encuentra anticuado en muchos aspectos".
En el texto se prevé la creación del Tribunal Fiscal provincial, pero para su integración sólo estipula la participación de abogados tanto entre vocales como en las secretarías. También establece que la actuación ante el Tribunal requiere la participación necesaria de un abogado.
"Vemos con preocupación una exclusión injustificada del sector de profesionales en Ciencias Económicas, ya que nuestra preparación universitaria incluye materias de orden jurídico constitucional y, sobre todo, conocimientos de aspectos técnicos tributarios que serán parte de la labor del nuevo órgano", explicó Annichini. Acotó que "se trata de un tribunal fiscal y la materia tributaria es una incumbencia natural derivada del diploma universitario de las ciencias económicas". El ejemplo exhibido es la actuación interdisciplinaria de abogados y contadores en el Tribunal Fiscal de la Nación y en el de provincia de Buenos Aires. En ambos, las profesiones interactúan tanto en el tribunal como en las secretarías y los dos pueden ser patrocinantes o apoderados de los recurrentes.
"Quizás una interpretación errónea o una postura gremial lleve a pensar que la denominación de Tribunal constituye una necesaria vinculación con la actividad judicial, cuando resulta probable que la emisión de un juicio o fallo no se deba asignar siempre a quienes tienen una determinada y exclusiva preparación en Derecho, sino que debe atribuirse a quien está preparado en la materia que es objeto de tratamiento. Y la tributaria es una incumbencia natural derivada del diploma universitario de las ciencias económicas", señaló.
Los contadores piden un análisis integral del proyecto con una comisión ad hoc interdisciplinaria con representantes de diversos sectores. "Se debe aprovechar la modificación para lograr un justo equilibrio en la relación fisco-contribuyente", acotó.
Bonino, por su parte hizo notar que el proyecto del senador Raúl Gramajo (PJ-9 de Julio) sobre la modificación de aranceles de abogados y procuradores elimina un párrafo del artículo 11, inciso c, de la ley vigente, lo que inhabilitaría a contadores y doctores en ciencias económicas a actuar en Registro Público de Comercio.
"Esta acción ya había sido intentada en la década del 70, cuando Sánchez Almeida era interventor de la provincia y debió dar marcha atrás ante el reclamo de los profesionales en Ciencias Económicas. Treinta años después, se pretende introducir, en un proyecto de aumento de escalas arancelarias, una disposición que recorta históricas incumbencias del sector", relató al justificar la preocupación del sector por el proyecto.
Mediación
Otro tema que preocupa a los profesionales en Ciencias Económicas es ser excluidos del proceso de mediación, tema que forma parte de la agenda de la reforma judicial. "Tanto contadores como otros profesionales tenemos mucho que aportar, especialmente en la prejudicialización de las causas", dijo Bonino. Colegio y Consejo pedirán también ser tenidos en cuenta al momento de la discusión legislativa de los proyectos.
Explican -a manera de ejemplo- que una diferencia de precios muchas veces puede ser acordada con contadores o que, ante posturas encontradas por una medianera, será mejor intentar el acercamiento con un arquitecto o un maestro mayor de obras.