Reclusión perpetua para el ex capellán de la policía

La Iglesia dijo estar "conmovida" luego del fallo contra Von Wernich
De todos modos, deslindó su responsabilidad como institución en la represión ilegal y dijo que, si algunos de sus miembros eligió dicho camino, lo hizo "bajo su responsabilidad personal".

El sacerdote Christian von Wernich fue condenado por siete homicidios, 42 secuestros y aplicación de torturas a 31 prisioneros de la última dictadura militar y se convirtió en el primer cura de la Iglesia católica argentina que purga reclusión perpetua por genocidio.

Apenas fue difundido el veredicto condenatorio, la Conferencia Episcopal difundió un comunicado en el que manifestó que "la Iglesia en Argentina está conmovida por el dolor que nos causa la participación de un sacerdote en delitos gravísimos, según la sentencia" del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata.

Von Wernich, nacido el 27 de mayo de 1938, fue inhabilitado por los jueces del TOF 3 -Carlos Rozanski, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo- para el ejercicio de cargos públicos y quedó alojado en la cárcel de Marcos Paz.

Los fundamentos de la histórica sentencia, que será apelada por la defensa y finalmente revisada por la Corte Suprema de Justicia, se conocerán en una audiencia que el tribunal fijó para el primero de noviembre a las 13 horas. Representantes de organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes de la dictadura y familiares de las víctimas colmaron la sala de audiencias, mientras una multitud siguió la lectura del veredicto bajo la lluvia, a través de altavoces instalados frente al edificio judicial, en plena calle.

El TOF 1 consideró probado que, entre 1976 y 1983, hubo un "genocidio en la Argentina", del cual formó parte Von Wernich, que era capellán de la policía bonaerense y confesor del entonces jefe de la fuerza, Ramón Camps.

El cura, que al pronunciar sus últimas palabras frente al estrado negó toda responsabilidad personal y de la propia Iglesia católica en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura, fue condenado por todos los cargos ventilados en el juicio oral: 7 homicidios, 42 secuestros y tormentos a 31 víctimas.

Además de calificar de "genocida" el accionar de la última dictadura, los jueces dijeron que el ex capellán fue coautor de siete asesinatos, incluido el de María del Carmen Morettini, por el cual no había acusado la fiscalía.

La Conferencia Episcopal Argentina aseguró que "la Iglesia está conmovida por el dolor que causa la participación de un sacerdote en delitos gravísimos", pero aclaró que, si uno de sus miembros "avaló con su recomendación o complicidad alguno de esos hechos de represión violenta, lo hizo bajo su responsabilidad personal".

La Iglesia consideró que "los pasos que la Justicia da en el esclarecimiento de estos hechos deben servir para renovar los esfuerzos de todos los ciudadanos en el camino de la reconciliación y son un llamado a alejarnos tanto de la impunidad como del odio o el rencor".

El pronunciamiento lleva las firmas del presidente del Episcopado, el cardenal Jorge Bergoglio; de sus vicepresidentes, Héctor Villalba y Agustín Radrizzani, y del secretario general, Sergio Fenoy.

Sin referir puntualmente al caso del ex capellán policial condenado a reclusión perpetua por "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de genocidio", la Iglesia reiteró el "pedido de perdón" que hizo en el 2000, en el marco del Encuentro Eucarístico Nacional de Córdoba, por su actuación en la última dictadura militar.

Pero ese "mea culpa" fue considerado insuficiente por los organismos de derechos humanos, que volvieron a exigir un "claro" pronunciamiento de la Iglesia.

"Si algún miembro de la Iglesia, cualquiera fuera su condición, hubiera avalado con su recomendación o complicidad alguno de esos hechos (la represión violenta), habría actuado bajo su responsabilidad personal, errando o pecando gravemente contra Dios, la humanidad y su conciencia", advertía entonces el Episcopado.

Los obispos pidieron, además, a Jesús Misericordioso y a Nuestra Señora de Luján que "nos acompañen en este doloroso camino hacia la reconciliación de todos los argentinos".

Por otra parte, la Comisión Nacional Justicia y Paz manifestó, en otro comunicado, "su dolor y su pesar por todas aquellas acciones directas, en colaboración o complicidad, que algunos integrantes de la Iglesia católica pudieron llevar a cabo y que posibilitaron el secuestro, la tortura y la desaparición de personas durante la ultima dictadura militar en el país". Tras expresar "nuestra solidaridad con todas las víctimas de ese período de nuestra historia", el organismo -dependiente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social a cargo de monseñor Jorge Casaretto- dijo "esperar que el accionar de la Justicia pueda actuar como reparación y consuelo para los sobrevivientes, sus familiares y los de los desaparecidos".

El organismo episcopal reafirmó que "la violencia, en cualquiera de sus expresiones, no es cristiana ni evangélica, y mucho menos, si no respeta a los seres humanos y a sus derechos elementales".

"Que, frente al imperativo de que la Justicia busque la verdad sobre el pasado, el desafío de proyectar una nación sin excluidos nos ayude a encontrar los caminos de encuentro y reconciliación que hagan posible, en la justicia y en la paz, la construcción de una patria de hermanos", subrayó en el texto.

La Comisión Justicia y Paz exhortó, además, a afianzar "un espacio de diálogo que permita a los argentinos convertirnos de habitantes a ciudadanos". Más información, página 28.