La Ley de Memoria Histórica española obligará, entre otras medidas, a retirar los símbolos de la dictadura del general Franco (1939-1975) y declarará "ilegítimos" los juicios sumarios llevados durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura, aunque no los anulará.

El texto de la ley será elevado la próxima semana a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados español para su aprobación, antes de su votación por el pleno de la Cámara legislativa a finales de mes, según acordaron ayer los distintos grupo políticos españoles.

Este controvertido Proyecto de Ley destinado a resarcir a las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura franquista, obligará a los organismos públicos y a particulares a retirar "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

En caso de no hacerlo, se prevé sanciones como la retirada de subvenciones y ayudas públicas, aunque se consideran excepciones a la retirada cuando los objetos sean "de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados" o por "razones artísticas o arquitectónicas".

El texto legislativo también declara la ilegitimidad de los "tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos" constituidos durante la Guerra Civil (1936-1939) para imponer condenas por motivos "políticos, ideológicos o de creencia religiosa".

De esta manera, la ley no sólo reconoce la ilegitimidad de los juicios sumarios del Franquismo, sino también los procesos extrajudiciales llevados a cabo durante la Guerra Civil por los republicanos, que defendían al gobierno contra el que se rebelaron los franquistas.

El texto ha contado con el visto bueno total o parcial de todas las fuerzas políticas, excepto los conservadores del Partido Popular (PP, derecha), que lo consideran "innecesario", y los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quienes creen que es insuficiente.

El secretario general del PP en el Congreso, Jorge Fernández Díaz, afirmó que el proyecto de ley "rompe con el mejor espíritu de la transición democrática de nuestro país" al tiempo que "reabre viejas heridas".

Por su parte, el portavoz en el Congreso de ERC aseguró que su grupo no votará a favor de la ley "si no se reconoce jurídicamente la condición de víctimas de los represaliados, si no se anulan las causas de los tribunales militares y excepcionales, entre ellos el Tribunal de Orden Público (TOP), si no se restituyen todos los patrimonios expoliados".

Esta ley "no divide, sino que une", afirmó uno de los ponentes socialistas del proyecto de ley, Daniel Fernández, para el que este texto es "para todos los españoles que fueron víctimas de la Guerra Civil y la dictadura por sus opiniones políticas, ideológicas y religiosas".