Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
En Asociación con:
A fines de 2006, la mayoría justicialista del Senado definió su posición frente al proyecto de ley de acceso a la información pública, impulsado por el gobernador Jorge Obeid.
El texto propuesto por el titular del Poder Ejecutivo, que consagra amplias garantías para que sin ningún condicionamiento los ciudadanos accedan a lo que es de interés público, ha cosechado la unanimidad en la Cámara de Diputados luego de algunas reformas.
Mientras, los senadores elaboraron cuando terminaba el año pasado su propia iniciativa normativa. Tomaron como base un proyecto de ley existente a nivel nacional, que impulsara la esposa del presidente Néstor Kirchner y hoy candidata a la presidencia, Cristina Fernández.
La iniciativa de los senadores santafesinos fue criticada por organizaciones intermedias, cuya principal preocupación es la transparencia y la calidad institucional y por entidades que representan gremialmente a los periodistas. El blanco principal de las objeciones fue la limitación por la que quien requiera información deba demostrar su "interés legítimo", al presentarse ante cualquier repartición pública provincial.
Quienes se opusieron al proyecto firmado por el bloque del oficialismo, redactado por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Raúl Gramajo, señalaron que bastaba con la simple condición de ser ciudadano para tener per se un interés legítimo, por lo que esa condición terminaba por lesionar el derecho a garantizar.
Todo indica que los senadores del justicialismo habrían decidido quitar este polémico ítem. Y también otro: dejar constancia en el despacho a impulsar que cada Poder (en forma independiente) debería reglamentar el derecho a consagrar.
Al cierre de esta edición, la Comisión mencionada había discutido el tema y estaba pronta a lograr el consenso, pero no había producido ningún despacho.
En carpeta están los dos proyectos (con sendas preferencias para la sesión de hoy, que si se celebra será breve por la visita de la primera dama y candidata a la presidencia).
Se trata del que comparte todo el arco político con representación parlamentaria en la Cámara de Diputados -y cuenta con amplios respaldos (desde el Ejecutivo hasta las Ongs)- y el que han firmado los senadores del PJ: posee 25 artículos divididos en 7 capítulos, su objeto es "regular el derecho de acceso a la información pública, con el fin de permitir una mayor participación de todas las personas en los asuntos de interés público estableciendo los procedimientos para requerir, consultar y recibir información".
Este mediodía, las fuentes consultadas por El Litoral indicaban que no sería el proyecto venido de Diputados el que tendría tratamiento, sino la ley propuesta en Senadores, que se aplica no sólo al Estado y sus poderes sino también "a los entes privados, con o sin fines de lucro, que tengan fin público o posean información pública".
En ese sentido, la iniciativa declara la competencia de "las Cámaras en lo Contencioso Administrativo y de los juzgados civiles, y comerciales, según se trate del Estado o un privado".
Establece obligaciones y límites respecto de qué información deben "ofrecer" los organismos que la poseen, así como la forma (y las restricciones) para el proceso inverso, es decir, "solicitar" dicha información.
Quienes dentro del Estado obstruyan el ejercicio del derecho a la información, la suministren incompleta sin fundamento "o permitan el acceso a información exceptuada", incurrirán en una falta grave al régimen disciplinario pertinente, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan corresponderle por aplicación de los códigos Civil y Penal. En cambio, los entes privados comprendidos por la norma serán sancionados con una multa de entre 500 y 20.000 pesos, amén de las potenciales sanciones penales.