El gobierno uruguayo decidió prohibir protestas de ambientalistas argentinos en su territorio. Los vecinos de Gualeguaychú expresaron su disconformidad por esta decisión del presidente Tabaré Vázquez. Uno de sus dirigentes más reconocidos habló de discriminación, atentado contra las libertades y hasta dijo que eran víctimas de una suerte de estado de sitio que los privaba del ejercicio de sus libertades.

Por su parte, el gobierno argentino optó por el silencio, es decir, por no hacer ningún comentario sobre la decisión del gobierno uruguayo. El mutismo de la Casa Rosada no impidió conocer la preocupación de Kirchner por una situación que se enrarece cada vez más, sin que se observe en el horizonte alguna salida más o menos acordada.

No hay duda de que el gobierno uruguayo tiene el derecho de impedir que personas de otro país ingresen a su territorio para manifestarse en contra de una inversión respaldada por sus autoridades políticas. La instalación de la empresa Botnia en las inmediaciones de Fray Bentos es para Vázquez un dato inmodificable de la realidad y esta posición es compartida por todo el arco político y por la mayoría del pueblo uruguayo. Algo parecido intentó expresar Kirchner en Nueva York, pero la reacción de los ambientalistas lo obligó a desdecirse y responsabilizar a periodistas por una supuesta tergiversación de sus dichos.

Desde esta perspectiva, no son justas las declaraciones de los asambleístas de Gualeguaychú sobre la presunta privación de sus libertades en un país extranjero y, por añadidura, bloqueado desde hace tiempo por sus acciones de protesta. Sucede que estos militantes ambientalistas se han habituado a violar la ley en la Argentina y creen que pueden hacer lo mismo en otro país.

Importa recordar que cortar el tránsito, cerrar la frontera e impedir el traslado de personas es un delito, pero, por razones cada vez más difíciles de entender, esta norma parece no tener vigencia en la Argentina. Mucho más grave, desde el punto de vista institucional, es que un gobierno renuncie al ejercicio de su soberanía territorial.

Hace bien el gobierno de Kirchner en estar preocupado por lo que está ocurriendo. No sólo la imagen de la Argentina en la región se deteriora; da la impresión de que sus ambigüedades, sus vacilaciones y sus cálculos oportunistas han creado una realidad que hoy se les escapa de las manos.

Uruguay también es responsable de esta situación, ya que debería haber extremado el respeto a la normativa del Tratado del Río Uruguay, una gestión que obviaron, aprovechando las debilidades y torpezas de la cancillería argentina. Lo correcto, en suma, habría sido un entendimiento rápido entre los presidentes Kirchner y Vázquez.

Llama la atención que un presidente que a través de los decretos de necesidad y urgencia deja de lado al Poder Legislativo no se haga cargo de sus responsabilidades en un punto en el que la Constitución le otorga las facultades para actuar. Por incomprensibles razones esto no se hizo y se dejó que un puñado de vecinos de una ciudad decidiera la política exterior de la Argentina. Es un error en el que el gobierno de Uruguay no quiere incurrir.