El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, admitió la situación de hacinamiento en que se encuentran alojados los detenidos del pabellón 7 de Coronda donde se alojan internos con problemas de convivencia y ordenó una serie de medidas para revertir la situación.

A pocas horas de que las diputadas Mónica Peralta (UCR) y Alicia Gutiérrez (ARI) hubieran denunciado la gravísima situación en que se encuentran dichos detenidos, el ministro fue al penal junto al secretario de Gobierno, Walter Gálvez, y ordenó urgentes medidas debido a las condiciones de hacinamiento al lugar y solicitó a los jueces actuantes el traslado de algunos de los 16 detenidos.

"El gobierno de Jorge Obeid no puede permitirse una situación que pueda cercenar los derechos humanos de los detenidos", le dijo el ministro a El Litoral. "Me preocupó la situación, por eso fuimos al lugar y advertimos que las condiciones de alojamiento no son las aceptables. Una cosa es que sean internos difíciles en cuanto a su conducta, que los hay en todos los penales del país, pero de allí a que el aislamiento se convierta en un plus de castigo como consecuencia de las malas condiciones del pabellón es inadmisible", afirmó.

"Cualquier situación de tipo edilicio o de estado sanitario que altere el respeto a los derechos humanos es inadmisible en un gobierno de Obeid, el cual ha hecho del tema derechos humanos un marco referencial. He dado instrucciones para un urgente mejoramiento de las condiciones de higiene del pabellón y cada celda.