Los medios de difusión dedican cada vez un mayor espacio y atención a la preocupación por el problema de la inseguridad vial. Al mismo tiempo dan cuenta cotidianamente de los accidentes trágicos y terribles, que ponen a prueba la capacidad de asombro de la sociedad por su espectacularidad y consecuencias.

El fenómeno no pertenece al pasado, se instala con mayor virulencia cada vez. Lo alimenta el crecimiento sin pausa del parque automotor, que es celebrado como una señal del progreso económico, sin advertir el peligro del desequilibrio con la capacidad de la infraestructura vial para absorber la circulación de vehículos y la creciente brecha entre la tecnología de los nuevos vehículos y la preparación de los conductores.

La ampliación de la extensión de autopistas y redes de accesos a los conglomerados urbanos, aunque onerosa resulta necesaria. No es posible en cambio en el caso de las tramas interiores íntimas de las ciudades ya establecidas, que exige soluciones más creativas.

Se agrega como causa estructural, el estado de las rutas y las señales de tránsito, pero es clara la incidencia de la inconducta y la impericia de los conductores.

La irresponsabilidad se ha convertido en pauta cultural generalizada, y va desde la falta de respeto a las normas, a la conducción en estado de ebriedad.

Las pérdidas materiales pueden ser calculadas en términos económicos. Superan con creces a cualquier medida preventiva para evitarlas o minimizarlas. Su adopción no admite excusas, dilaciones ni contemplaciones por supuestos ahorros.

La traducción de las pérdidas en vidas humanas a valores económicos, parece sencillamente una grosería y una enormidad.

Hospitales e instituciones de rehabilitación muestran situaciones aterradoras de quienes salvaron sus vidas con tremendas consecuencias en su calidad de vida futura, y la de sus familiares y allegados.

La Provincia de Santa Fe tiene el triste privilegio de encabezar las estadísticas, tanto en cuanto al número de accidentes como al de muertos por sus consecuencias. En valores absolutos, sólo es superada por la Provincia de Buenos Aires, y en términos relativos está por encima de jurisdicciones potencialmente más riesgosas como la propia Ciudad de Buenos Aires.

Los organismos oficiales se ven totalmente desbordados. Les faltan capacidad en términos presupuestarios, recursos humanos capacitados, y coordinación adecuados. Se señalaba como ejemplo en Santa Fe que la Municipalidad cuenta con un solo alcoholímetro para efectuar controles en la calle o en rutas aledañas. Organismos como el Cobem, tienen un desempeño más que meritorio y deben ser destacados, aunque padezcan también de insuficiencia de recursos.

La solución de estos problemas no se logrará de la noche a la mañana, pero es necesario ponerse a trabajar ya.

Se requerirá una combinación de medidas tendientes a lograr cambios culturales, incluyendo desde la educación temprana de los más pequeños, hasta la capacitación de los funcionarios responsables.

En los países que han resuelto satisfactoriamente esta situación, se presta atención a la habilitación de los conductores, disponiendo de un sistema serio de otorgamiento de licencias de conducir y un control riguroso del cumplimiento de las normas. El retiro de la autorización para conducir, a los infractores reiterados, es una de las herramientas para eliminar de raíz este problema.

Merece destacarse el trabajo que en temas relacionados con el transporte y la seguridad vial viene realizando la Universidad Tecnológica Nacional, en particular a través de su Facultad Regional Santa Fe.

Desde hace tiempo, la UTN ha estado llevando adelante estudios y proyectos relacionados con estos temas, y volcando sus resultados hacia todas las jurisdicciones dentro y fuera de la provincia, lo que le ha valido un reconocimiento generalizado. Ha invertido en la creación de grupos de investigación, en la preparación de recursos humanos altamente especializados, en países del más alto desarrollo relativo. Se ha equipado con modernas herramientas de análisis, y laboratorios acreditados internacionalmente. Su participación en los más diversos foros, (Consejo Federal de Seguridad Vial p/ej.) y numerosos antecedentes, la han convertido en indudable referente.

Enorgullece muy especialmente a la UTN, los resultados logrados en su permanente política de integración con la sociedad.

En el caso de inseguridad vial, el tiempo ha llevado a hacer realidad la solución de los problemas apelando al potencial del sector del conocimiento en la ciudad de Santa Fe, y las reconocidas fortalezas de sus instituciones universitarias y científicas.

Se demuestra que es posible y conveniente para la provincia utilizar esa capacidad instalada, combinando idoneidad y objetividad institucional, sin sobrecargar innecesariamente el erario público, ni sobredimensionar la burocracia del aparato estatal.

En el tema mencionado, desde el año 2001 se encomendó a la UTN el desarrollo de un programa que incluía seis etapas, comenzando con un relevamiento de la situación de los centros de emisión de licencias de conducir de la Provincia de Santa Fe (hay 80 centros), siguiendo con un diagnóstico, la definición de requerimientos homogéneos, y la elaboración de un manual de procedimientos consensuado y aprobado por la autoridad competente en la Provincia. Despertó asimismo el interés de otras provincias en capitalizar esta experiencia.

Como una señal de la heterogeneidad y falta de seriedad en los requerimientos para otorgar la licencia, puede mencionarse el impacto en los padrones electorales por cambios de domicilios ficticios. Cabe destacar que la licencia otorgada en cualquiera de los centros, habilita para conducir en el territorio nacional, "desde Ushuaia a La Quiaca", incluyendo canje de este documento con España e Italia.

El programa mencionado culminaba en su sexta etapa, con la instrumentación de una auditoría externa de cumplimiento de los procedimientos de los centros, como requisito para mantener su habilitación para expedir licencias.

Las primeras auditorías, confirman la estricta necesidad de su realización, para que las normas y procedimientos sean efectivamente aplicados.

Entre las anomalías detectadas pueden mencionarse deficiencias en los circuitos utilizados para los exámenes prácticos, desde la total indisponibilidad, fallas o carencia por robos de las señales de tránsito a evaluar, recorridos atravesando rutas de alta peligrosidad, liberación de exámenes a localidades adheridas, sin ningún tipo de control por el respectivo centro. También incumplimiento de las normas para el otorgamiento de licencias profesionales, alto desorden en el archivo de los legajos, etc.

Esta tarea no puede dejarse librada a la improvisación. Por el contrario, requiere recorrer periódicamente los centros con un equipo interdisciplinario (Médicos, Técnicos, y Psicólogos) especializado y entrenado con un cabal conocimiento del problema, aporte que actualmente brinda la Facultad Regional Santa Fe.