La SIP evaluó la libertad de prensa en la Argentina

EFE

La libertad de prensa en Argentina está erosionada por la "obsesión" del gobierno de conseguir la uniformidad del pensamiento y su "intolerancia" al pluralismo de ideas, de acuerdo con un informe preliminar presentado en la 63a. Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa reunida en Miami.

En el documento se denuncia también que los medios argentinos no tienen acceso a la información pública, debido a que los funcionarios evitan dar conferencias de prensa o hablar directamente con los periodistas.

Para promover la concientización sobre el derecho constitucional de tener acceso a la información pública, varias organizaciones y el diario Clarín publicaron una guía para ayudar a las personas a conocer y ejercer su derecho "a estar mejor informados sobre los asuntos públicos".

También, medios y asociaciones de periodistas han expresado su desagrado por ser excluidos de las ruedas de prensa y otros eventos de la senadora y aspirante presidencial Cristina Fernández de Kirchner y por el presidente en EE.UU. y en Europa, donde él sólo concedió entrevistas a la prensa extranjera.

Entre los aspectos positivos, se destaca un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que prohíbe al Estado discriminar a los medios de comunicación al suprimir o reducir en "forma arbitraria" la publicidad oficial.

"El Tribunal Supremo no vio el asunto como uno estrictamente financiero, sino como una cuestión de libertad de prensa", indicó el informe.

El 5 de setiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia falló contra el gobierno de la provincia de Neuquén y su gobernador Jorge Sobisch por el retiro de la publicidad oficial al diario Río Negro.

El máximo tribunal consideró que el gobierno provincial "discriminó" a la Editorial Río Negro por su línea editorial crítica a la administración pública.

La sentencia estableció que el Estado "no puede manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios".

La Corte, en fallo dividido, estableció que el Estado tampoco "puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión", al tiempo que exhortó al gobierno provincial a que en el plazo de un mes establezca criterios razonables para la distribución de la pauta publicitaria.

Respecto de la libertad de prensa en Latinoamérica, la SIP dice que está en riesgo por la supuesta influencia del gobierno de Venezuela, que intenta exportar un modelo "semejante a la dictadura cubana".

La pretensión del régimen de Chávez es "uniformar el contenido, los mensajes, deformar los valores y principios de la democracia y la pluralidad, tratando de desconectar al pueblo de la realidad nacional y universal, e imponer un dominio intelectual y político semejante a la dictadura cubana".