Un boicot de compra por esta semana a la papa y a la calabaza fue propuesto por asociaciones de consumidores y la cámara de supermercados chinos, para forzar la baja de precio de esos productos.

El boicot se extenderá hasta el viernes próximo y abarcará a los consumidores y a los comercios por igual, según se informó.

"Ni los mayoristas, ni el Mercado Central, ni las grandes cadenas de supermercados respondieron nuestros pedidos", se quejó la titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC), Susana Andrada.

El precio de la papa en los supermercados está entre 4 y 6 pesos, cuando esas cadenas compran el producto a la federación de productores a 1,40 pesos. En tanto, la calabaza se "cotiza" a 10 pesos el kilo.

En otro orden, Andrada denunció hoy haber sido víctima "en el último año y medio" de constantes "amenazas, persecuciones y extorsiones" por parte del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para que no hable del Indec y de la inflación.

La dirigente reveló que Moreno "me lo dijo personalmente, me lo decía por teléfono, me intimidaba, me decía que mejor que no me meta con esas cosas porque me podía pasar algo. Llegó un punto que las amenazas fueron constantes y muy fuertes contra mi propia persona, simplemente por estar diciendo lo que toda la gente piensa y lo que toda la gente opina, y hasta llegó a intimidar a algunos medios para que directamente no me saquen notas", sostuvo.

"Uno no sabe hasta qué circunstancias puede llegar un funcionario como éste y, en definitiva, es lo que nos hace callar, lo que pasa es que yo puedo callar la amenaza que hace hacia mí, pero nunca voy a callar es lo que la gente a la que represento pienso y lo que tengo que defender", subrayó.

No es la primera que Moreno es denunciado por episodios de este tipo. A principios de año, Marcelo Rossi, ex presidente de la Oficina de Control Comercial Agropecuario (Oncca), dependiente de la Secretaría de Agricultura, renunció a su cargo luego de asegurar que el funcionario lo había amenazado para "controlar" el fondo de 500 millones de pesos que manejaba para distribuir como subsidio a empresas y evitar así aumentos en los precios.

El ARI, mediante el diputado Adrián Pérez y Elisa Carrió, por entonces también legisladora, llevaron el tema a la Justicia por "amenazas coactivas agravadas".