El jueves pasado, desde el teléfono, una voz confiable instalada en una consultora que mide la intención de voto para el domingo 28 susurró: "nada ha cambiado, no hay segunda vuelta". El temor que se había instalado en algunos despachos gubernamentales, por primera vez en la campaña, alrededor del bajón urbano de la candidata oficial y la posibilidad de que fluyera hacia el interior de cada distrito estaba comenzando a diluirse.

Además, el gobierno se había sacado la lotería. Con sus declaraciones de despedida del Fondo Monetario, referidas a la inflación en la Argentina, el español Rodrigo Rato Figaredo ya le había hecho el favor que necesitaba Cristina de Kirchner, al poner a su merced un puchingball tan apetecible, a sólo diez días de las elecciones.

Todo retornaba a la normalidad y con el presidente en el rol de escudero, la puesta en escena había vuelto a funcionar a full en el caso de las tasas bancarias y de las inversiones extranjeras de las AFJP, tal como el gobierno ya lo había llevado a cabo en materia de precios. El ministro de Economía fue comisionado para confrontar con el funcionario saliente del FMI y la candidata aprovechó todas estas distracciones para diluir aún más su discurso, mientras la oposición se empeñaba cada vez más en un inaudito ejercicio de autodestrucción y se tiraba misiles a sí misma. Hasta que la sangre lo salpicó todo.

Tres policías bonaerenses fueron masacrados, con saña y alevosía, en una planta transmisora de la repartición situada en el barrio Aeropuerto, en las afueras de La Plata, en la madrugada del viernes pasado. Inmediatamente, la Casa Rosada tomó nota de que no se trataba de una situación de inseguridad más, como muchas que se contabilizan por decenas en calles, negocios y domicilios del Conurbano, con muertes incluidas, como por ejemplo el viernes mismo con la muerte de dos policías, un ex comisario de la Federal fusilado en Lomas de Zamora y otro sargento de la Bonaerense, ultimado en Merlo, cuando intentaba defender a su hija. O como los seis hechos fatales que se registraron durante la semana que pasó de personas que murieron acribilladas porque se negaron a que les roben sus automóviles, todas situaciones que, por su reiteración y acostumbramiento, parte de la sociedad ya encasilla peligrosamente en la categoría de no noticias.

Esta vez se trataba de una inusual modalidad de copamiento (de triste recuerdo setentista), el robo de armas (luego se supo que fueron pocas y malas), la impunidad casi de zona liberada que supone cruzar una ciudad al comando de una camioneta policial y el mensaje mafioso de los puntazos de cuchillos, presuntamente sobre los cadáveres, armaron un cuadro diferente al de los chicos que, obnubilados por el paco, salen a matar por unas monedas.

Lo cierto es que el caso platense produjo conmoción, se politizó de inmediato y no era para menos. Lo primero que llamó la atención es que las noticias más tempranas de la matanza hayan surgido de la Casa Rosada, a eso de las 8 de la mañana. Recién después comenzó a fluir la información desde la gobernación bonaerense y desde la secretaría de Seguridad, dos lugares que están en la mira de los opositores desde siempre, ya que constituyen un verdadero talón de Aquiles para las autoridades y un desafío para enderezar, al que poco se refiere el candidato oficial, Daniel Scioli.

Quizás por todo eso, el presidente, también en horas de la mañana, le había encontrado una explicación política a la situación, cuando dijo que, en plena campaña, lo ocurrido "no es casualidad". En rol de víctima, Cristina fue más allá: "no nos van a derrotar, por más que lo intenten", señaló. Mientras tanto, las usinas de la Casa Rosada reforzaban los discursos e intentaban convencer de que la masacre de la dependencia de la Bonaerense se trataba de manotazos de ahogado de la oposición o de sectores que no comulgan con la política de derechos humanos que llevó adelante el gobierno, líneas que abonó el gobernador Felipe Solá.

Inmediatamente, la oposición tomó la bandera y les recordó a los Kirchner que ninguna de esas declaraciones pueden exculpar la responsabilidad del gobierno central en materia de seguridad, debido a su manifiesta voluntad política de no poner límites. Sea por lo que fuere, lo concreto es que la gente siente miedo, es consciente de la indefensión y además está convencida de que el Estado no se involucra en su amparo.

Si de encuestas se trata, éstas indican que la inseguridad es, con la inflación, la demanda más concreta que expresan los argentinos. En ambos casos, inseguridad e inflación, son los flagelos que más sufren las clases más golpeadas, ya sea porque sus miembros sólo compran alimentos de primera necesidad o porque, además, no saben cómo defenderse del alza de los precios. Otro tanto pasa con la inseguridad, ya que los barrios más carecientes tienen sus propios códigos y en ellos se roban o se matan los pobres contra los pobres, tras haber sido copados por mafias que los sojuzgan. Al respecto, los expertos no se explican los por qué del alto grado de adhesión que tiene Cristina de Kirchner en esas franjas sociales más humildes y de menor nivel educativo.

En materia de inflación, las cosas no variaron demasiado durante la última semana. Entidades de consumidores señalaron que hubo pequeñas reducciones en supermercados, en algunos productos que se sumaron a la campaña que con bombos y platillos se instrumentó la semana anterior, pero que esa baja apenas alcanzó a 3 por ciento, mientras que en el resto de los alimentos los precios volvieron a dispararse. En tanto, nadie se hace cargo de poner a circular las listas de precios que deberían darle algún horizonte al acuerdo.

Otro tanto ha pasado con los créditos personales y para Pymes que los banqueros pusieron sobre la mesa para conformar a Guillermo Moreno y al presidente. En la mayoría de los bancos nadie dice cómo se instrumentan y todo hace pensar que, como en el caso de los supermercados, están especulando en que llegue el lunes 29 para ver si el gobierno, con la elección definida, se olvida de la campaña y de sus fuegos artificiales.

La más controvertida de todas las decisiones tomadas durante estos días, tuvo relación con lo que está columna adelantó la semana anterior, sobre repatriación de colocaciones de las AFJP en el exterior, especialmente en materia de inversión en bonos brasileños. El propósito inicial, verbalizado por los funcionarios, fue contribuir a generar mecanismos para ayudar a los bancos a equilibrar los descalces de plazo (depósitos muy cortos, en relación a las necesidades empresarias), principal motivo de la falta de instrumentos crediticios de largo aliento.

Sin embargo, ya se mostró la hilacha porque se supo que parte de los fondos irán a financiar obras públicas y otro tanto se volcará hacia bonos argentinos, lo que desnaturaliza en primer lugar la palabra presidencial en relación a dejar entre los argentinos "el dinero de los argentinos" y además pone en riesgo de concentración el patrimonio de los afiliados. En cuanto al argumento, no parece muy propicio para salir al mundo a tentar a los plomeros estadounidenses o a los jubilados italianos para que pongan otra vez su dinero en la Argentina.

Esta misión de asfaltar el camino para lograr más inversiones externas es la que ha emprendido en Washington el ministro de Economía, Miguel Peirano, ya que confía en que el sucesor de Rato, el nuevo director gerente, Dominique Strauss Kahn sea su gestor ante el Directorio del Fondo. Lo que se necesita es que el FMI permita la negociación con el Club de París sin su monitoreo, lo que se verá si es posible que el francés logre, sólo porque lo prometió, para que la Argentina lo vote. "Será socialista, pero no estúpido", señalaba en la semana un argentino que recorrió durante muchos años los pasillos efemeístas.

Este contrapunto con el Fondo, que tanto rédito electoral podría haberle dado el gobierno, ahora ha quedado empalidecido por la novedad de la masacre de La Plata.