El Congreso Nacional retomará desde la semana próxima el estudio de proyectos clave para la economía del país, como la reforma al Impuesto a los Bienes Personales y el Presupuesto para el año 2008.
Tras el parate de más de un mes, motivado por la ausencia de legisladores en Buenos Aires por sus participaciones en las diferentes campañas electorales, esta semana volverán las reuniones informales entre los representantes de distintas bancadas.
La idea es delinear el trabajo para lo que queda del año, cuando, además de los proyectos mencionados, el Parlamento debe votar el proyecto de ley de reordenamiento ferroviario y algunas cuestiones de política laboral.
Desde ya, en todas las bancadas descuentan que el Poder Ejecutivo extenderá las sesiones ordinarias (que terminan el 30 de noviembre), al menos hasta fin de año.
En el último mes de 2007, el día 10, se producirá la renovación de la mitad de la Cámara Baja y de un tercio del Senado, en un dato que también es de importancia a la hora de delinear el cronograma de trabajo.
La mayoría propia con que contará el oficialismo en Diputados (en el Senado ya la ostenta) hace prever que el Presupuesto 2008 será votado con la nueva composición, según confiaron a Télam voceros del Frente para la Victoria.
Durante noviembre, el tema será tratado en comisión, simultáneamente con el de Bienes Personales, que posiblemente encabece la agenda de trabajo de la Comisión de Presupuesto en la reunión del miércoles de la semana próxima.
La modificación del mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales pasará de 102.300 a 300.000 pesos, además de cambiar el esquema progresivo de tasas del tributo, según el proyecto enviado hace un mes por el Poder Ejecutivo.
Se mantendrá el 0,5 por ciento para quienes tienen bienes valuados entre 300.000 y 750.000 pesos, y se aumentará progresivamente para montos mayores.
Empresas estatales
En tanto, en la primera reunión plenaria de la Cámara, estará en el temario el proyecto de ley de reordenamiento ferroviario, que prevé la creación de dos empresas estatales, una para operar los servicios que no se encuentran concesionados, y otra para administrar los bienes.
Este proyecto se comenzó a debatir en la última sesión de la Cámara, pero se postergó cuando la sesión quedó sin quórum. La iniciativa ya fue aprobada por el Senado.
