Ambos policías están imputados de apalear a varias personas durante las protestas del 20 de diciembre de 2001. Están acusados del presunto delito de "vejámenes".
El juez federal Claudio Bonadío resolvió hoy que los subcomisarios de la Policía Federal Jorge Toma y Carlos Loforte sean sometidos a juicio oral por haber apaleado a personas que estaban durante las protestas que el 20 de diciembre de 2001 hubo contra el Gobierno de la Alianza.
Fuentes judiciales informaron que ambos oficiales de la fuerza de seguridad, que prestaban servicios en la comisaría sexta porteña, llegarán a la instancia oral y público acusados del delito de "vejámenes", para el cual hay prevista la condena de uno a cinco años de prisión.
Toma y Loforte actuaron en la esquina de la avenida Entre Ríos y la calle Rivadavia junto al Congreso de la Nación donde, según pudo verse por las cámaras de televisión, indicaron las fuentes, apalearon a las personas que estaban detenidas y eran ascendidas a camiones celulares de la fuerza.
De la Rúa critica
El ex presidente Fernando de la Rúa apeló la resolución mediante la cual fue procesado por los cinco homicidios cometidos en pleno centro porteño el 20 de diciembre de 2001, cuando renunció a mitad de su mandato, y ahora la Cámara Federal porteña resolverá la situación del radical.
El procesamiento del ex presidente, dispuesto por el juez federal Claudio Bonadío el martes previo a los comicios presidenciales, "ha valido rodear la causa de escándalo y publicidad desmedida en el país y en el mundo y, para peor, en vísperas electorales", reprochó De la Rúa a través de los abogados Miguel Almeyra y Zenón Ceballos, que ejercen su defensa.
De la Rúa fue procesado bajo cargos de homicidio culposo y ahora la Cámara Federal porteña decidirá si confirma o revoca la resolución de Bonadío, ante quien fue planteada la nulidad del expediente por los asesinatos de los manifestantes Gustavo Benedetto (23), Carlos Almirón (23), Diego Lamagna (27), Gastón Riva (31) y Alberto Márquez (57).
Rubén Santos, a quien De la Rúa designó jefe de la Policía Federal, fue procesado y cumplió prisión preventiva por los cinco crímenes del 20 de diciembre de 2001 y, cuando el expediente estaba a punto de ser remitido a un tribunal oral, planteó la nulidad de la causa.
Familiares de las víctimas de la represión en la que murieron los cinco manifestantes reclamaron a Bonadío la inmediata elevación del caso a juicio, en el que Santos compartirá el banquillo con el ex jefe de Seguridad del gobierno del radical, Enrique Mathov.
Bonadío procesó a De la Rúa por cinco homicidios culposos y lesiones culposas a 172 manifestantes, al tiempo que trabó un embargo de 2 millones de pesos sobre los bienes del ex presidente, que ha atribuido su renuncia a una "conspiración política" del justicialismo y un sector de su propio partido, la UCR.
A casi seis años de los asesinatos, Bonadío dictó el procesamiento del ex mandatario pero no le impuso prisión preventiva por las muertes que se produjeron cuando la policía salió a reprimir a manifestantes que protestaban contra el gobierno.
El día anterior a la dimisión, De la Rúa había implantado el estado de sitio y, tras esa medida, miles de personas se movilizaron en todo el país y 33 murieron en medio de saqueos, protestas y operativos policiales.
Bonadío, que quedó a cargo de la investigación hace menos de un año -cuando su colega María Servini de Cubría decidió apartarse del caso- procesó también al ex subjefe de la Policía Federal, comisario Osvaldo Cannizzaro; al comisario Daniel Manzini, de la seccional sexta; y a los entonces jefes de las circunscripciones primera, segunda y séptima, comisarios Próspero Treseguet, René Jesús Derecho y Alfredo Salomón.
La Cámara Federal porteña definió como "masacre" lo ocurrido a metros de la Casa Rosada el jueves de la renuncia de De la Rúa, mientras la Fiscalía adjudicó a la "pachorra" del entonces presidente el caos que derivó en cinco muertes y decenas de heridos.
DyN/Télam
