-Santa Fe está obligada a cambiar su sistema penal y este cambio se debe realizar en medio de una transición política.-Es un momento institucionalmente delicado porque está en vías el cambio de sistema de enjuiciamiento penal y estamos en medio de una renovación de gobierno. Las transiciones siempre acarrean dificultades. En cuanto al cambio del sistema procesal penal en sí, el punto de partida es considerar que es un cambio cultural. De nada serviría sancionar una serie de leyes e imaginar que va a cambiar la realidad. Este cambio cultural no involucra solamente a los operadores judiciales sino también a toda la comunidad. En nuestro abordaje para la transformación vamos a poner el acento, por un lado, en la formación cívica comunitaria y en la capacitación de los operadores. Debemos transmitir a la gente todo lo que debe conocer de un sistema judicial para ser usufructuario de ese sistema. De nada vale tener un gran sistema si la gente no lo conoce, no accede. También vamos a trabajar muy fuerte en los programas de capacitación de los operadores. Ahí vamos a encontrar un punto de resistencia lógico que son los paradigmas. Quien estuvo formado en un modelo, cuando uno lo lleva a otro sufre la resistencia lógica de quien tiene que hacer las cosas distintas como la venía haciendo. Esto es el cambio cultural que debe ir acompasado con toda la implementación normativa que el Código solo no agota y con la material. Un proceso de transformación lleva su tiempo, genera un problema muy delicado que es la transición de un sistema al otro. Es como operar el corazón, el cuerpo tiene que seguir viviendo. No podemos parar la sociedad. En algún momento tendremos los dos sistemas, que son incompatibles, con un problema de costos económicos y de costos de impunidad porque se generan siempre vestigios legales donde personas se ven beneficiadas. Una de las áreas que más atención prestamos es a la transición y fijar el modelo de transición tomando las experiencias de otros países o provincias. Creemos que con el tiempo vamos a lograr que Santa Fe tenga una mejor calidad institucional en el enjuiciamiento penal. -El actual gobierno eligió tres circunscripciones judiciales para poner en marcha la reforma penal. �Está de acuerdo con ese criterio?-Es una copia del modelo chileno que empezó por los lugares más chicos. Advierto algunos problemas en esta elección. Entre el modelo viejo y el modelo nuevo hay temas diferentes que afectan derechos humanos importantes. Por ejemplo, es distinto el régimen de libertad y de participación de la víctima. En el nuevo hay querella respondiendo a la exigencia internacional de la tutela judicial efectiva. Qué pasa cuando en Rafaela las víctimas puedan querellar y en Santa Fe no. La transición tiene muchos problemas y no se puede simplificar diciendo que empezamos por los lugares más chicos porque es más fácil. Así perdemos de vista una serie de problemas legales que hay que tener resueltos para el paso de un sistema a otro.

-Existe un proyecto oficial de ley de Ministerio Público. �Cuál es su opinión sobre el texto?

-El proyecto tiene muchos defectos. Hay una cierta incompatibilidad en una combinación Código Procesal Penal-Constitución-ley de Ministerios. El código votado tiene el modelo adversarial donde el juez tiene una posición pasiva y las partes le imponen la dinámica. Estas partes deben tener un pie de igualdad y ser distintas unas de otras. En el proyecto de ley de Ministerio se mezclan las partes porque la defensa pública está junto a la acusación y a su vez le dan la titularidad de la Fiscalía al procurador de la Corte que, en nuestro diseño constitucional, integra el máximo tribunal, es decir, es parte del Poder Judicial. Esto hace que el código acusatorio adversarial es incompatible con una ley donde las partes no están diferenciadas y una de ellas a su vez integra al órgano jurisdiccional.