La madre de la adolescente Fernanda Aguirre, quien fue secuestrada en la localidad entrerriana de San Benito en julio de 2004, acusó a la policía de haber demorado la búsqueda de su hija cuando se produjo su desaparición, y afirmó que reconoció la voz de la imputada como quien realizó las llamadas extorsivas.

Durante su declaración ante el tribunal que tiene a su cargo el juicio oral, María Inés Cabrol, afirmó que a su hija "no la buscaron enseguida. A la policía le interesó más investigarnos a nosotros para saber de dónde habíamos sacado la plata para pagar el rescate".

Los padres, hermanas y cuñados de Fernanda Aguirre, la adolescente secuestrada en San Benito en julio de 2004, declaraban esta mañana como testigos durante la segunda jornada del juicio al que son sometidos la viuda y un primo del principal acusado del hecho.

La primera en declarar fue la madre de la joven, María Inés Cabrol, quien atendió la primera llamada extorsiva realizada tras la desaparición de su hija que, según la pesquisa, fue hecha por la acusada Mirta Chávez para conseguir 2.000 pesos de rescate.

Para la madre, Fernanda está viva y presa de una red de prostitución infantil que se la llevó del país, por lo que aseguró que no parará hasta encontrarla.

También estaba prevista la declaración testimonial de Julio Domingo Aguirre, padre de la chica, quien denunció el secuestro a las 23.50 del domingo 25 de julio de 2004, luego de pagar los 2.000 pesos de rescate que le exigieron los captores en el puente de hierro, en el acceso este a la capital entrerriana, alrededor de las 21 de ese día.

Los jueces a cargo del debate tenían además previsto escuchar a las hermanas y cuñados de la adolescente desaparecida durante la audiencia.

El martes pasado, en la primera jornada del juicio, la acusada Mirta Chávez admitió haber llamado en tres oportunidades a la familia Aguirre, para reclamar el pago del rescate y una cuarta para avisarles que la chica había sido liberada.

Sin embargo, la mujer aclaró al tribunal que había actuado presionada por su marido, Miguel Ángel Lencina, el principal sospechoso del secuestro y desaparición de la menor, quien fue hallado muerto en una comisaría de Paraná, Entre Ríos, a poco de ser detenido por el secuestro.

Chávez dijo que su marido la obligó a hacer las llamadas telefónicas bajo amenaza de muerte hacia ella y sus tres hijos.

La mujer dijo además que, mientras estuvo detenida a disposición de la Justicia Federal, fue presionada por un grupo de individuos para que involucrara en la causa al primo de Lencina, Raúl Monzón, el otro acusado en el juicio.