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El incendio de la Unidad Penal N° 1 de Varones de Santiago del Estero, donde murieron quemadas 33 personas el 4 de noviembre, despertó una inquietud: ¿qué pasa en las cárceles de la provincia de Santa Fe? Como antecedente más reciente, aparece la masacre de Coronda, donde 14 internos fueron pasados a cuchillo por sus pares, por venganza.
El caso particular puso al descubierto las miserias del sistema, pero, a su vez, el fatídico 11 de abril de 2005 significó un quiebre en la política penitenciaria provincial.
Actualmente, Santa Fe cuenta con una población carcelaria de 2.340 personas, de las cuales 2.200 son mayores de edad y están distribuidas en ocho unidades, seis para hombres y dos para mujeres. Los 140 restantes que engrosan la cifra corresponden a menores (83), alojados en salas penitenciarias (6) y psiquiátricas (27), casas de preegreso (6) y transitorios fuera del Servicio Penitenciario (18).
De los 2.200 mayores, son 1.411 los que están condenados, contra 785 procesados, lo que marca una proporción de 65 % y 35 %, respectivamente. El dato muestra a Santa Fe como la provincia que mejora ampliamente la media nacional en cuanto a presos sin condena o procesados, ya que en el resto del país aquélla supera el 60 %, según un informe reciente del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
La apertura de la U11 en Piñeiro, la ampliación de la U2 en Las Flores y las mejoras en la U3 de Rosario, al igual que la división y readaptación de la U1 en Coronda, permitieron terminar con el hacinamiento, según informaron distintas fuentes oficiales.
Si bien Piñeiro es el penal con mayores medidas de seguridad, que alberga a 238 presos -116 condenados y 122 procesados-, el punto álgido es y será el Instituto Correccional Modelo de Coronda, puesto que allí viven 964 internos -631 condenados y 333 procesados-. Son, en su mayoría, de Santa Fe y Rosario y están separados en dos alas -Norte y Sur- por cuestiones de seguridad y problemas de convivencia, como si se tratara de dos cárceles paralelas.
Este año, el Estado santafesino desembolsó 80 millones de pesos para el presupuesto del Servicio Penitenciario, al margen de los gastos como la construcción de Piñeiro, por ejemplo, obra financiada por Obras Públicas.
Si bien no está estipulado lo que cuesta el mantenimiento diario de un preso, hasta fines del año pasado el Servicio Penitenciario cobraba al Estado nacional por cada alojado por delitos federales $ 79,52. Multiplicado por 30, el costo mensual de un preso a fines de 2006 era de $ 2385,60. No obstante, teniendo en cuenta el progresivo aumento de los precios de bienes de consumo, hay quienes arriesgan que actualmente el monto alcanzaría los $ 3.000 y hasta podría superarlo.
La real dimensión de cómo se redujo la superpoblación carcelaria en Coronda está dada por un hábeas corpus presentado en 2004, cuando la unidad contaba con 1.500 internos.
Para el juez de Ejecución Penal Julio César Arri, "el Instituto de Detención Modelo N° 1 Coronda, debe ser uno de los mejores establecimientos carcelarios del país". Dice no exagerar en la apreciación, sino que "se basa en los cambios implementados luego de la masacre".
Actualmente, hay cerca de 970 presos "y no va a superar nunca el número de mil", garantizó el juez, a tal punto que afirmó: "En Coronda no hay hacinamiento y los internos tienen un buen estatus de vida, acorde a los tratados internacionales".
Contra la realidad carcelaria de 2004, en la cual lo que debía ser la excepción se había convertido en la norma, "este juzgado ha velado para que estén en celdas individuales y, excepcionalmente, de a dos, como dice la ley".
No obstante, reconoció que en algunos pabellones "las condiciones edilicias no ayudan". En uno de ellos están los pacientes psiquiátricos, lugar al que consideró como "el talón de Aquiles de esta unidad". Se lo conoce como "el corralito"; allí, "las condiciones edilicias son lamentables".
Arri ingresó a Coronda como subrogante en octubre de 2004 para luego asumir la titularidad del juzgado. Antes de su llegada, los jueces correccionales se turnaban para cumplir con el trabajo, pero no daban abasto. Con el tiempo, logró encaminar la labor, aunque, dice, "sigue habiendo puntos débiles, como la falta de personal".
Además, "ésta es la única provincia que tiene los juzgados de Ejecución dentro de los establecimientos carcelarios", aseveró. Desde su óptica, la instalación de las oficinas "fuera del ejido de la cárcel" garantizaría "el principio de imparcialidad y mejoraría cuestiones de seguridad".
En el penal de Las Flores, ubicado al 8800 de la avenida Blas Parera, al norte de la capital, el ejemplo es el inverso a Coronda. En 1991 había casi 200 internos, de los cuales eran más procesados que condenados, en una proporción de 60 % a 40 %.
Pero, en realidad, "nunca hubo una superpoblación muy pronunciada", declaró el juez de Ejecución Penal Alejandro Tizón, quien tiene a su cargo los presos de la U2. Según explicó, cuando se hizo cargo del juzgado, había cuatro pabellones, y ahora son nueve.
Los de reciente construcción son el N° 7, donde viven 70 condenados, próximos al egreso, con salida transitoria o libertad condicional. Y los pabellones N° 8 y 9, destinados a los presos de buena conducta, con 28 y 29 personas cada uno.
La división se debe a que "la arquitectura de la prisión se proyecta en función de los períodos que va a atravesando el interno", explicó Tizón. "A medida que cumple la pena, va egresando del penal en una etapa intermedia y, luego, definitiva".
Según el juez de Las Flores, "se está trabajando en la separación" de condenados y procesados, pero la realidad indica que en los pabellones de ingreso todos se mezclan.
También señaló que la convivencia aparece como "uno de los inconveniente que surgen en los penales, a veces, entre internos, y otras, con el personal". Pero la idea general es que (los presos) se incorporen en los pabellones comunes porque, de lo contrario, "no se puede avanzar en el proceso".
A la hora de establecer diferencia entre quienes cumplen condena y aquellos que aún la aguardan, Tizón la resumió en una palabra: "Incertidumbre".
Para el juez, "cuando se está procesado, hay incertidumbre y angustia, tanto en el interno como en la familia. Hay un proceso en marcha en el que se tiene la esperanza de obtener la libertad, una condena más baja o un fallo favorable".
En esa situación, bajo el régimen legal provincial, pueden transcurrir dos años hasta la llegada de la condena.
Para apoyar su tesitura, citó a "los criminólogos que conocen el tema", que son quienes sostienen "que es más gravosa la incertidumbre sobre un mal que el conocimiento certero de que el mal ya está consumado".
Con la condena en firme empieza "una etapa de elaboración", en la que "la persona decide por sí misma qué va a hacer durante todos esos años que le toca. Con lo cual, ya está más tranquilo y aparece la voluntad de estudiar, trabajar y reconstituir vínculos. Ello permite ir trabajando en función del afuera".
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) consideró que las muertes ocurridas en la Unidad Penal N° 1 de Varones, perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial, en Santiago del Estero, se explican por la falta de medidas de prevención y las graves condiciones de hacinamiento que caracterizan a las unidades penales provinciales.
Si bien no son claras las causas que originaron este motín y el incendio, el Cels remarcó "la responsabilidad directa del Estado por la vida de quienes se encuentran a su cuidado, y su obligación de garantizar condiciones de detención que respeten y garanticen los derechos de las personas privadas de su libertad".
La Unidad Penal Nº 1 -según datos oficiales del Sneep del año 2005- tiene una sobrepoblación del 122 %. De las 444 personas alojadas allí, 276 están detenidas sin sentencia firme. Para el Cels, esta situación interpela a los distintos poderes del Estado provincial, que deben "modificar las condiciones de detención y de seguridad de las personas alojadas en unidades penitenciarias, revisar el uso abusivo de la prisión preventiva y modificar la legislación que avala esa práctica".
El Cels señaló que "estos hechos repiten situaciones similares de extrema gravedad que tuvieron lugar en jurisdicciones provinciales sin que ello haya generado una política estatal a nivel federal". Por esta razón, el Cels solicitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que "convoque en forma urgente al Consejo Penitenciario Federal a fin de analizar la situación".
Juliano Salierno