Los presos sin condena deben tener un trato diferenciado con relación a las personas ya sentenciadas.

El abandono y las condiciones inhumanas que en general imperan en el sistema penitenciario del país son más que preocupantes. La reciente muerte de más de 30 reclusos en la cárcel de Santiago Del Estero evidencia, nuevamente, la necesidad de atender esta situación violatoria de los derechos humanos.

Un motivo de gran preocupación para Amnistía Internacional es el alto número de reclusos sin condena -el Centro de Estudios Legales y Sociales señala que más del 66 % de la población carcelaria se encuentra en esa situación- que, además, resulta en superpoblación en los penales. Sin ir más lejos, en la cárcel de Santiago Del Estero hay una población carcelaria que representa casi el triple del número de personas para las que el centro tiene capacidad.

El elevado número de presos sin condena en la Argentina, que evidencia un deficiente funcionamiento tanto del sistema penitenciario como del sistema de Justicia en su conjunto, ha sido motivo de condena recurrente por parte de Amnistía Internacional. Por ello, exhortamos a las autoridades provinciales y nacionales a que elaboren un Plan de Política Penitenciaria, en el que uno de sus ejes sea el trato diferenciado para los presos sin condena.

Amnistía Internacional resalta que toda persona sospechosa, acusada, detenida o arrestada en relación con una infracción penal que aún no haya sido juzgada debe ser tratada de acuerdo con el principio de presunción de inocencia. En términos reales, esto se traduce en que estos presos tiene derecho a permanecer separados de quienes han sido juzgados y condenados; derecho a la asistencia de un intérprete en su defensa; derecho limitado a ser visitado y atendido por su propio médico o su dentista, siempre que el detenido esté en condiciones de sufragar tal gasto, y derecho a comprar libros, material de escritura y publicaciones periódicas siempre que sean compatibles con la seguridad, el orden y la justicia, entre otros derechos.

La situación de los presos sin condena dista mucho aún del respeto de tales derechos. La normativa internacional es clara al respecto: el reto ahora es convertir esos derechos en realidades concretas.