A principios de año, alrededor de 15 mil maestros se inscribieron al concurso de ingreso a la docencia de nivel inicial y EGB, uno de los más esperados por el sector, dado que las últimas convocatorias databan de 1993.

La intención del Ministerio de Educación era loable: reinstaurar en la provincia los concursos por antecedentes y oposición (examen) con el fin de que los aspirantes prueben su idoneidad para estar frente a un grado. Un mecanismo saludable que supera la llamada "ley Rébola" de 2001, que titularizó masivamente sin concursos.

La idea de la actual encargada del área, Adriana Cantero, había sido anunciada a mediados de 2006 y fue bien recibida por un gran número de aspirantes a obtener un puesto laboral como titular dentro del sistema educativo: un promedio de siete por cada cargo en juego.

Todo hacía presumir que el concurso se iba a sustanciar de acuerdo con los plazos previstos y los inscriptos se pusieron a estudiar para poder rendir con éxito la prueba de oposición. Incluso, hubo quienes afrontaron el gasto de profesores particulares y cursos específicos.

Sin embargo, el gremio Amsafe interpuso un recurso administrativo con el fin de que el concurso sólo considerara los antecedentes de los participantes (sin rendir prueba), lo que colocaría en mejor posición escalafonaria a los maestros que hoy están frente al aula en calidad de suplentes o interinos. O sea, sus actuales afiliados.

Ese recurso -que el Ministerio de Educación aún no respondió- formó parte de la negociación entre la cartera y el sindicato en la Secretaría de Trabajo durante el conflicto salarial de marzo que derivó en una conciliación obligatoria. El acta final prorrogó por 90 días el cronograma concursal a la espera de que esta polémica se pudiera resolver.

Pero no fue ése el único revés que sufrió la vapuleada convocatoria. Recientemente, la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario le dio la razón a un grupo de docentes del sector privado que promovió un amparo contra el Ministerio de Educación por impedir que docentes titulares se presentaran a concurso. La Cámara declaró inconstitucional esa restricción por considerar que contraría el recaudo de "idoneidad" establecido en la Constitución Nacional.

La cartera educativa deberá revisar ahora ese requisito y promover una convocatoria "ampliada" para que se inscriban los docentes que habían quedado afuera. Los tiempos corren y nadie quiere quedar excluido de esta chance única de acceder a un cargo docente, considerando los extensísimos lapsos que el Estado -irresponsablemente- deja transcurrir entre concurso y concurso.

Por el escaso margen que le resta a esta gestión, parece improbable que la prueba de oposición se concrete este año y tampoco hay garantías de que el gobierno entrante continúe con el cronograma previsto. El proceso corre peligro de volver a foja cero.

Una instancia menos dramática sería procurar alguna normativa que obligue al Ministerio de Educación a llamar a concursos periódicamente, lo cual evitaría que esta herramienta de selección de personal por idoneidad dependa de la predisposición del político de turno.