 |
El diputado oficialista Héctor Recalde dijo que miembros de la Cevas le ofrecieron dinero a cambio de "cajonear" o modificar el proyecto para incorporar los vales al sueldo. La hipótesis de máxima era hacer obligatorios los tickets, por una coima de 20 millones de dólares.
Con un claro respaldo del gobierno nacional, el diputado oficialista y asesor en temas laborales de la CGT, Héctor Recalde, denunció ayer que la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios (Cevas) le ofreció una coima de 20 millones de dólares, para modificar un proyecto de ley de su autoría que impulsa la incorporación gradual al salario del valor pecuniario de los tickets alimentarios percibidos por los trabajadores.
El ofrecimiento fue realizado el lunes al hijo del legislador, Mariano Recalde, quien con el asesoramiento del estudio de abogados Hugo Wortman Jofre, logró registrar con una cámara oculta pegada a su cuerpo el momento en que dos ejecutivos de la Cevas, Santiago Lynch y Miguel Guido Spano, concretaban la propuesta.
Según el legislador, a cada opción planteada, los empresarios le asignaron una coima por un monto determinado. Así, la propuesta de mínima, que pasaba por frenar el proyecto, tenía un valor de 20.000 dólares mensuales por el tiempo en que la iniciativa permaneciera "cajoneada", y la de máxima, que pretendía establecer la obligatoriedad del pago de un proporcional en tickets a los trabajadores que percibieran hasta 2.000 pesos mensuales de salario, llegaba a 20 millones de dólares.
Bicicleta, pick-up, Mercedes
Recalde ofreció ayer una conferencia de prensa en el anexo del Congreso Nacional acompañado por el presidente del cuerpo Alberto Balestrini, el titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, y el diputado kirchnerista Carlos Kunkel, luego de que su proyecto de ley obtuviera el despacho de la comisión de Legislación del Trabajo, que él preside.
El hijo del diputado relató que en el encuentro que mantuvo el lunes, los empresarios le dijeron que tenían tres propuestas para hacerle, las que bautizaron "Bicicleta", "Pick Up" y "Mercedes Benz". La primera promovía el "cajoneo" del proyecto de ley, la segunda la aplicación de una modificación "cosmética" y la tercera el impulso de una ley que dispusiera la obligatoriedad del pago de tickets a todos los trabajadores que ganan hasta dos mil pesos.
Recalde consideró que el ofrecimiento de 20 millones de dólares guarda relación con el monto de la utilidad que pretendían obtener: "Se trataba de triplicar el negocio, que de 4 mil millones iba a pasar a 12 mil millones. Eso es mucho para los trabajadores que están siendo desfinanciados, ya que al no incorporarse los tickets al salario perjudican a la seguridad social, no se computan para aguinaldo ni vacaciones", dijo.
Alcanza con el ofrecimiento
Según Wortman Jofre, para la configuración del delito de soborno alcanza con el sólo ofrecimiento, tal como lo expresa el artículo 258 del Código Penal. El abogado que actuó como asesor en el caso destacó el hecho de que todos los actores que estuvieron al tanto de los hechos, desde el Juzgado Número 9 a cargo de Octavio Aráoz de Lamadrid, que recibió la primera denuncia el 7 de noviembre, hasta el Poder Ejecutivo, pasando por los miembros de la comisión de Diputados y el titular de la CGT, Hugo Moyano, "supieron guardar el secreto, lo que contribuyó a la eficacia de la prueba". Hoy, el expediente entró en secreto de sumario, aunque trascendió que el juez tomó ya varias declaraciones testimoniales y estaría por dictar medidas en busca de pruebas.
"No lo tomo como un intento sino como un soborno a mi persona", dijo Recalde, quien consideró la denuncia formulada ayer como "la contracara de la Ley Banelco", en alusión al escándalo del presunto pago de sobornos a senadores para favorecer la sanción de la reforma laboral durante el gobierno de la Alianza.
Para contrarrestar el efecto de la denuncia, la Cámara empresaria difundió ayer en el Congreso un comunicado en el que estimó en 3.949 millones de pesos anuales el beneficio social que produce el pago de tickets alimentarios, el que consideró "superior al que el Estado gasta anualmente en asignaciones familiares para los trabajadores activos".
Sistema de pago
El sistema de pagos con vales alimentarios comenzó a funcionar en nuestro país en diciembre de 1989, a través de un decreto de Carlos Menem que lo definió como un régimen de "asistencia social para el trabajador y su familia".
Al tener carácter no remunerativo, el monto salarial abonado con tickets no se computa para el aguinaldo y las vacaciones, no aporta al sistema jubilatorio y al principio estaba totalmente exento de cualquier carga. Actualmente, tras la derogación del decreto de Menem en 1996 y la sanción de la ley 24.700, los vales implican una contribución empresaria del 14 %, destinado al régimen de asignaciones familiares.
Según detalla el diario La Nación, en un artículo firmado por Silvia Stang, se estima que los tickets para pagar el almuerzo o comprar alimentos son percibidos cada mes por 1,6 millones de empleados que se desempeñan en unas 25.000 empresas, por un monto promedio de 230 pesos mensuales -lo que daría una emisión anual de unos $ 4.400 millones-, aunque los datos difieren según las fuentes que se consulten.
Las empresas autorizadas a emitirlos perciben una comisión. Actualmente son 27, aunque el mayor volumen está concentrado en las firmas Accor y Sodexho Pass.
La ley también establece que la cifra que un trabajador comprendido en algún convenio colectivo recibe en vales no puede superar el 20 por ciento de su remuneración bruta, en tanto que si se trata de un empleado no alcanzado por ningún convenio el límite es del 10 por ciento.
Por su parte, el monto máximo diario que puede ser otorgado en vales de almuerzo fue actualizado por la resolución 1371 del Ministerio de Trabajo, publicada justamente ayer en el Boletín Oficial. La nueva norma eleva de 15 a 25 pesos la cifra permitida.
En junio de 2001, en plena crisis que llevó a la reducción de salarios en varias empresas, el decreto 815 creó una nueva categoría de tickets que pueden ser otorgados sólo a quienes cobran hasta 1.500 pesos en bruto, y con un tope de 150 pesos mensuales. Estos vales no llevan ningún tipo de carga fiscal. El régimen fue creado como excepcional y con vigencia hasta marzo de 2003. Pero el actual gobierno lo prorrogó sucesivamente y la última medida dispuesta lo deja en vigor hasta el 31 de diciembre.
Si bien la empresa puede decidir unilateralmente la asignación en tickets alimentarios o para otros fines, en la mayoría de los casos su uso está acordado con los sindicatos.
Cohecho
El Código Penal argentino, en su Art. 258, reprime al que "solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta" a cambio de "hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones". La pena es prisión de uno a seis años, tanto para el funcionario público que acepta el regalo, como para quien hace la oferta. El primero también es pasible de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos.
De la Redacción de El Litoral/CMI
