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La ex jueza Emilia Marta García fue procesada como presunta integrante de una organización que, durante la última dictadura militar y bajo la dirección del entonces almirante Emilio Massera, se habría apropiado de bienes de desaparecidos, se informó hoy en los tribunales federales.

La suerte de García, que renunció a la magistratura el año pasado, quedó en manos de la Cámara Federal porteña, que deberá resolver si confirma o revoca el procesamiento que el juez Sergio Torres dictó a su ex colega, por los delitos de asociación ilícita y extorsión.

Torres, que conduce el expediente principal por los crímenes cometidos en la ESMA en la dictadura del período 1976-83, trabó un embargo de 700 mil pesos sobre los bienes de García, quien dijo haber actuado "coaccionada" por el aparato represivo debido a que su hermana Graciela había sido secuestrada por la Marina.

En una resolución que será revisada por la Cámara, Torres consideró probado que García formó parte del andamiaje financiero que estructuró un grupo de represores de la Armada para incrementar su patrimonio con bienes sustraídos a los prisioneros.

Al ser acusada ante el Consejo de la Magistratura cuando aún era jueza del fuero Contencioso Administrativo, García admitió haber firmado actas notariales para la transferencia fraudulenta de bienes de desaparecidos a los represores pero juró que en esas circunstancias actuó en "estado de terror", ya que temía por el destino de su hermana.

El detenido ex capitán naval Jorge "Tigre" Acosta también fue acusado de participar de la maniobra, por la que incluso fue detenido Emilio Massera hijo. Según el juez Torres, hubo víctimas que fueron detenidas por el aparato represivo al solo fin de "desapoderarlas de sus bienes, produciendo el desplazamiento de la propiedad en favor de la organización (que integraban los marinos) con el consecuente perjuicio patrimonial para el verdadero titular del bien".

"Una vez que los legítimos titulares de los inmuebles identificados fueron privados de su libertad, fueron sometidos a tormento con el fin de que procedieran a suscribir la documentación que resultaba necesaria para transferir sus dominios", precisó el magistrado.

Las actas notariales suscriptas por García para transferir bienes de prisioneros a los propios victimarios se habrían concretado en la escribanía del ya fallecido Ariel Sosa Moliné.

La ex magistrada también habría sido accionista de la empresa Will-Ri, presuntamente formada por Acosta y los ex represores Francis William Wahmond, y Jorge Rádice para apoderarse de las tierras de Chacras de Coria, en Mendoza, que eran propiedad de los desaparecidos Victorio Cerutti, Conrado Gómez y Horacio Palma.

La defensa de García, a cargo del abogado Luis Dobniewski -que patrocinó a la AMIA durante casi una década en la causa por el atentado terrorista perpetrado en 1994- pidió a la Cámara que revoque el procesamiento de la ex jueza, quien ha manifestado que "vivía en un estado de terror permanente" y que también "mi familia fue víctima" de la dictadura.

La ex magistrada aseguró que su hermana Graciela, una militante política conocida como "Negrita", fue secuestrada en octubre del '76 y que tiempo después la prisionera comenzó a visitar la casa familiar, acompañada por un marino que, según supo después, era el propio Acosta.

García ha manifestado que prestó servicios a la escribanía de Sosa Moliné para preservar a su hermana, que en 1978 fue liberada.

Y el año pasado, al relatar esos hechos por primera vez, dijo que guardó silencio porque le habían confiado que Sosa Moliné no falleció de muerte natural.