La organización Madres de Plaza de Mayo es una institución que ha derivado hacia una estructura que persigue objetivos propios, con independencia incluso de las razones que en su momento dieron lugar a su creación. La sociedad argentina apoyó mayoritariamente la causa que ellas encarnaron en su momento frente a la dictadura militar y el terrorismo de Estado. Hoy, ese apoyo no es el mismo, entre otras cosas porque se van a cumplir 25 años de institucionalidad democrática y porque los objetivos de Madres han cambiado, más allá de las verbalizaciones sobre un pasado que de manera inexorable se aleja del presente.

Treinta años después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 la frescura militante, el desafío transgresor al orden autoritario, la reivindicación humanista a favor de la vida han ido tomando las formas de la rigidez burocrática, en cálculo presupuestario, el afán de perdurar manteniendo cuotas de poder. La militancia de los inicios ahora está profesionalizada, es oficio rentado, cuyos recursos dependen de la benevolencia del Estado y, en el caso que nos ocupa, de los gobiernos de turno.

La institución que nació desde la sociedad para enfrentar los excesos del Estado hoy está financiada por el Estado en tareas que poco y nada tienen que ver con sus objetivos iniciales, incluso con sus declamaciones ideológicas a favor de una supuesta patria socialista. La lógica de la institución invoca un pasado respetable, pero ahora sus objetivos son otros. Sus últimas movilizaciones no han tenido como meta los derechos humanos sino el reclamo de subsidios. En este sentido, su lógica no difiere demasiado de las organizaciones piqueteras y de la vasta red de instituciones corporativas que viven del clientelismo estatal.

Se podrá decir que la construcción de viviendas para sectores de escasos recursos es una meta loable. Sin duda. Pero en la Argentina existe una amplia red de instituciones públicas y privadas que se ocupan de ese tema. Admitamos por lo tanto que poco aporta al drama de la escasez de vivienda y la pobreza la participación de Madres de Plaza de Mayo, salvo, claro está, el mantenimiento de una burocracia con objetivos propios que no excluye ambiciones personales de perduración.

La reciente designación de la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, para que administre sus recursos, se inscribe en este contexto. Como se recordará, Miceli debió renunciar al cargo de ministra asediada por el escándalo del "paquete de dinero" que "misteriosamente" apareció en su despacho y del que nunca pudo dar una explicación más o menos plausible.

No deja de llamar la atención que una ex funcionaria procesada sea la coordinadora general de la institución que en algún momento se presentó ante la sociedad como el paradigma del compromiso ético. Si esta decisión la hubiera tomado una empresa privada, nacional o extranjera, es seguro que los sectores de izquierda que suele acompañar a Madres de Plaza de Mayo habrían criticado esa designación y hasta se habrían permitido formular algunas críticas ideológicas sobre el carácter intrínsecamente corrupto de la economía capitalista. La cuestión es paradójica y merece señalarse.