La iniciativa propone garantizar el aprovechamiento sustentable de los bosques nativos y mantener la actual superficie, al tiempo que adopta medidas para poder incrementarla.

Establece una moratoria a los desmontes hasta tanto las provincias realicen un ordenamiento territorial de los bosques nativos para planificar de manera participativa su uso sustentable. Y prohíbe explícitamente el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas tradicionalmente habitadas.

La legislación fija diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo.

Las negociaciones de última hora permitieron que existiera acuerdo luego de que el oficialismo aceptara que se creará un fondo de compensación, que estará compuesto por el 0,3 por ciento del presupuesto nacional, alrededor de 560 millones de pesos, más el dos por ciento de las retenciones agropecuarias, de aproximadamente 400 millones.

El texto de la legislación aprobada establece que el monto total, cercano a los mil millones, será distribuido por la Nación en 70 por ciento para compensar a los propietarios de la tierra y el 30 restante, a los planes de relevamiento que deberán hacer las provincias. Fija, además, que quedarán fuera de la prohibición de talas las tierras de hasta 10 hectáreas en poder de pequeños propietarios o que pertenezcan a comunidades indígenas.

La normativa votada establece, asimismo, un plazo de 30 días para que el Poder Ejecutivo nacional reglamente la ley y la haga entrar en vigencia.

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente, entre 1998 y 2002 desaparecieron 781.930 hectáreas, pero, en los últimos cuatro años, el proceso se acentuó y los desmontes arrasaron con 1.108.669 hectáreas, es decir, 821 hectáreas por día.