La inseguridad en Santa Fe ya es algo más que una crónica policial o un dato curioso de las estadísticas. La cifra de muertes en 2007 expresa un fenómeno de violencia que excede la simple cuestión delictiva para transformarse en un indicador social y político de máxima gravedad.

Los problemas de nuestra ciudad en materia de seguridad son serios y las autoridades electas que se aprestan a asumir el poder deberán empeñarse en tratar de dar una respuesta a una realidad difícil, tensa y que puede llegar a poner en juego los propios fundamentos de la convivencia social.

Está claro que a esta situación no se arribó de un día para el otro. Años de ineficiencia social y administrativa, de indiferencia institucional, de políticas erradas y de creciente marginalidad en el impiadoso contexto de una sociedad descapitalizada y empobrecida, fueron promoviendo este escenario.

Está claro que lo que demoró mucho tiempo en degradarse no podrá resolverse de la noche a la mañana. El tema de la seguridad, concebido en toda su dimensión, es muy complejo y no se resuelve con respuestas facilistas o consignas demagógicas que satisfacen los prejuicios del sentido común de la gente pero son impotentes a la hora de dar una respuesta más o menos eficaz.

Decíamos que la inseguridad no puede reducirse a un problema policial, más allá de que la respuesta deba incluir soluciones policiales. En principio es una cuestión política, en tanto que compromete el espacio público y exige tomar decisiones dentro de un abanico de alternativas. Sin un compromiso real y efectivo del poder político no hay posibilidades de pensar posteriores soluciones.

Santa Fe no es una ciudad gigantesca. No es San Pablo, México o Pekín. Está considerada dentro de las ciudades medianas, motivo por el cual no es difícil pensar en un efectivo plan de gobierno destinado a ir resolviendo por etapas cada uno de los desafíos que imponga la realidad. La misma complejidad del problema obliga a trabajar simultáneamente medidas de corto, mediano y largo plazo. Para ello es necesario una policía que cumpla con sus metas y jueces que se hagan cargo de sus responsabilidades. Pero también hacen falta políticas sociales de contención -no de clientelismo-, que integren a los excluidos a través de la educación y el trabajo.

Asimismo, en el orden interno, importa comprometer a las instituciones intermedias, una colaboración que en todo momento debe ser considerada indispensable. En definitiva, de lo que se trata es de movilizar todos los recursos institucionales y humanos para el cumplimiento de metas que -es necesario insistir- son policiales pero trascienden el accionar policial.

Las políticas a elaborar deben ser acordadas entre las autoridades municipales, provinciales e incluso las nacionales. Sin ánimo de exagerar, podría decirse que hoy el problema social más serio que existe en la provincia de Santa Fe es el de nuestra ciudad. Se sabe que inconvenientes y dificultades hay en todos lados, pero es en la ciudad de Santa Fe en donde estos problemas son más intensos, más graves, más dolorosos.