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El defensor del pueblo de la provincia, Carlos Bermúdez, anunció que denunciará a la subsecretaría de Transporte ante las distorsiones en los controles de tránsito con radares que "persiguen un fin recaudatorio y no una preventora acción disuasiva".
Una resolución firmada la semana pasada por el ombudsman "trasunta cierto hartazgo de la Defensoría del Pueblo toda vez que además de imponer de la situación al Ministro de la Producción, área de la que depende la Subsecretaría de Transporte, anticipa de denunciará específicamente a ésta en el informe anual que el organismo eleva a las Cámaras Legislativas", se anticipa en un comunicado.
La Ley 10.396 impone a los funcionarios provinciales la obligación de responder en un plazo razonable los planteos del defensor del pueblo y otorga a éste la prerrogativa de denunciar en el Parlamento a aquellas áreas o funcionarios que incumplan ese mandato legal.
Es la primera vez que la Defensoría del Pueblo amenaza con usar el mecanismo ante la persistencia de un fenómeno creciente que, además, tiene sus picos de intensidad en cada temporada estival o vacacional en las que algunos municipios o comunas autorizan a empresas de Buenos Aires, con las que previamente firmaron acuerdos económicos en base a determinados montos mínimos de recaudación, a apostarse en las rutas a labrar infracciones a los automovilistas.
Se aclaró que la Defensoría del Pueblo no está en contra de controles sino del abuso y distorsiones en su aplicación. "El sistema no puede basarse en hacer cada vez más multas porque eso equivaldría a que hay cada vez infractores y con ellos el incremento de los riesgos crece; no baja. De lo que se trata es que el control persuada a los conductores a bajar las velocidades y a respetar señales y demás prescripciones legales para viajar. De ese modo se reducen los riesgos de accidentes aunque también el número de multas" se especificó.
Según el defensor, este último supuesto parece no interesar a las empresas que han firmado acuerdo con algunos municipios o comunas asegurándoles a cambio de la autorización para apostarse en las rutas que los cruzan, cierto nivel recaudatorio.
Advirtió que tampoco actuó ante esas conductas la subsecretaría de Transporte de la provincia, que es el organismo de aplicación en el caso, pese a lo mucho que hace que se le viene pidiendo que lo haga. Bermúdez se queja de que Transporte "no sólo ha ignorado el enorme riesgo de pérdidas de vidas humanas que importa la complicidad por inacción con la mercantilización de lo que debería ser una política pública de seguridad en el tránsito sino que, a la par, ha desconocido la condición de organismo de contralor que tiene sobre su accionar la Defensoría como también las muchas sugerencias, advertencias y reclamos que le han venido elevando en los últimos años".
La Defensoría en una reciente resolución, previa a la actual -la 125/07- enfatizó la obligación de las comunas de parar a los automovilistas a la hora de labrarle la multa y notificarlos en el mismo acto porque así lo estipula la Ley Nacional de Tránsito 24.449 (art.70). Ese criterio fue avalado por un fallo de la Corte Suprema de la provincia.
La recepción de quejas y reclamos de la ciudadanía por la cuestión no decrece como tampoco el nivel de accidentología en las rutas que atraviesan la provincia.