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De la redacción de El Litoral
Ante la ausencia del decreto del gobernador, Jorge Obeid, que autorice una actualización tarifaria para el transporte público e interurbano de pasajeros, algunas empresas del sur santafesino resolvieron unilateralmente empezar a cobrar igual el aumento. Tal posibilidad la había esbozado ayer ante la consulta de El Litoral, el gerente de Atap, Héctor Alvarez.
Conocida la novedad, el director de Transporte de la provincia, Marcelo Sheil, anticipó que las empresas de transporte que hayan aumentado las tarifas serán sancionadas. Para ello, dio instrucciones a los inspectores para constatar los precios y elevar las multas.
Hoy, diarios de la provincia publicaron una solicitada firmada por Atap, a la que se sumaron Cetramp y Aitap del sur provincial. El texto es un mensaje dirigido a Obeid, en el que advierten que "tras cuatro años sin soluciones de fondo", el sector aplicará desde el día de hoy "medidas necesarias para lograr sus objetivos".
Parte de esas medidas son los incrementos que arbitrariamente empezaron a aplicar hoy algunas empresas.
En lo que respecta a las empresas que prestan sus servicios en el centro-norte de la provincia, la situación era muy similar a la que se vivió en el sur.
El presidente de Atap, Marcelo Alliot, dijo hoy a El Litoral que las firmas quedaron en libertad de acción para tomar diversas medidas que iban desde la reducción o eliminación de algunos servicios de refuerzo; la suspensión de las franquicias (boletos con descuentos para estudiantes, jubilados), y también, un aumento tarifario de entre el "10 y 20%". Alliot habló también de vacaciones anticipadas y hasta de despidos de personal.
"El panorama es muy sombrío. Tenemos versiones de que se eliminaría el subsidio al gasoil, y por eso, ya aumentó el transporte en Buenos Aires. La situación es muy conflictiva -insistió-. Anoche, en una asamblea que tuvimos en la entidad, algunos empresarios con más de 75 años en el rubro, confesaron que por primera vez se veían obligados a tomar este tipo de medidas", resaltó.
Consultado sobre la ilegalidad de aplicar un aumento de tarifas de manera unilateral, Alliot deslizó la posibilidad de apelar a un recurso de amparo.
"También es ilegal que el Estado no garantice la rentabilidad de las empresas para que puedan cubrir la explotación de los servicios", señaló.
Consultado al respecto, el director de Transporte de la provincia, Marcelo Sheil, advirtió esta mañana a El Litoral que dicha metodología para actualizar las tarifas es "ilegal. Sólo puede autorizarse a través de un decreto del Poder Ejecutivo", aseguró.
Por eso, reveló que inspectores del área estaban ya apostados en las principales terminales de ómnibus -tanto de Santa Fe como de Rosario- para verificar si dicho aumento se estaba trasladando al boleto. Si eso se comprobaba, se procedía a la sanción, esto es, al cobro de la multa correspondiente.
El Defensor del Pueblo de la provincia, Carlos Bermúdez, decidió actuar de oficio y reclamó que la Subsecretaría de Transportes de la Provincia "tome cartas en el asunto y adopte las medidas a fin de evitar la concreción del anunciado aumento tarifario unilateral para el servicio de corta, media y larga distancia del transporte interurbano automotor, sin la autorización legal que corresponde".
"Una medida de esa naturaleza -sostuvo Bermúdez-, afectaría los derechos colectivos de los habitantes de la provincia de Santa Fe, dado que es un servicio esencial, del que dependen muchas actividades cotidianas de un sinnúmero de ciudadanos".
Añadió que es muy grave que "una corporación empresaria adopte una medida de alcance general y con incidencia directa en los derechos de los usuarios, en forma unilateral y prescindiendo de la autorización que debe emitirse por parte de la autoridad de aplicación en la materia, que es la Subsecretaría de Transporte".
Bermúdez sentenció que si se admitiera un aumento unilateral, como se anuncia, estaríamos ante un supuesto de prescindencia de la actividad estatal regulatoria, lo cual es inadmisible y generaría un grave precedente, en cuanto el universo de usuarios se colocaría en virtual situación de indefensión, a merced de las decisiones empresarias y sin la efectiva tutela del Estado, que insoslayable dado la esencialidad del servicio y por tratarse de una actividad regulada.