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El ex presidente peruano Alberto Fujimori, luego de años prófugo en Japón, será juzgado desde el lunes por un tribunal especial en Lima por tres casos de violación a los derechos humanos que podrían enviarlo a prisión por 30 años.
Fujimori será juzgado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta (en Lima entre 1991 y 1992), donde murieron en total 25 personas ejecutadas por un escuadrón de aniquilamiento del ejército, y por el caso "Sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE)", por el secuestro y detención ilegal de un periodista y un empresario opositores.
El histórico proceso estará a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que preside el juez César San Martín, quien llevará adelante el juicio asistido por los magistrados Víctor Prado y Hugo Príncipe.
Fujimori, de 69 años, será el primer ex jefe de Estado peruano en ser llevado al banquillo de los acusados desde 1930, cuando se juzgó al ex presidente Augusto Leguía (1919-1930) por corrupción, quien finalmente murió en prisión sin haber escuchado sentencia.
El juez principal de la Sala, San Martín, es un abogado limeño de 51 años a quien en 1992 el gobierno de Fujimori (1990-2000) expulsó del poder judicial durante el autogolpe del 5 de abril de ese año.
A pesar de ese antecedente, el juez San Martín no fue recusado por el abogado defensor de Fujimori, César Nakazaki, quien lo considera "el mejor procesalista penal que tiene el poder judicial peruano".
El proceso se desarrollará en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Diroes), en el sector este de Lima, donde el ex mandatario está recluido desde que llegó de Chile extraditado el 22 de setiembre pasado.
Las sesiones se realizarán tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes, y se estima que el proceso podría durar entre nueve y 24 meses.
El fallo de los jueces podrá ser apelado por el abogado Nakazaki, y derivar en la Primera o Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.
La Fiscalía tiene interés en un proceso rápido para evitar que Fujimori aplique los beneficios que el Código Penal concede a partir de los 70 años, edad que el ex presidente cumplirá el 28 de julio de 2008. Esos beneficios le permitirían reducción de penas y cumplir su condena en su casa.
La prensa tendrá acceso al juicio con restricciones debido a la dimensión de la sala del juicio que no permite más de 48 personas y obligará a que sólo una docena de periodistas sigan el caso en directo.
El juicio fue reprogramado por la Corte Suprema para el 10 de diciembre -por coincidencia con el día internacional de los derechos humanos, tras ser originalmente anunciado para el 26 de noviembre- para permitir a la defensa de Fujimori tener tiempo razonable para preparar sus alegatos.
En el juicio por violación a los derechos humanos, el fiscal supremo solicitó 30 años de cárcel para Fujimori, al igual que una reparación civil de 100 millones de soles (33 millones de dólares) a los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, así como 300.000 soles (99.300 dólares) de indemnización para las dos personas secuestradas en el SIE.
Fujimori es señalado como autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos (15 muertos, 1991) y La Cantuta (10 muertos, 1992), perpetradas por un escuadrón del ejército en el marco de la guerra sucia contra las guerrillas de Sendero Luminoso (maoísta) y el MRTA (guevarista).
Además de estos procesos por violación a los derechos humanos, Fujimori tendrá que responder ante la Justicia por cinco casos de corrupción ante el mismo tribunal del juez San Martín.
Cuatro de estos procesos se iniciarán en fecha aún por determinar y un quinto, por allanamiento, se realizó de forma abreviada y recibirá su fallo el 11 de diciembre.
Las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que 25 personas fueron ejecutadas a sangre fría, constituyen la base del juicio por crímenes de lesa humanidad contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori, a las que se suman dos casos de secuestro y tortura de opositores a su régimen.
La primera matanza se perpetró la noche del 3 de noviembre de 1991 en un antiguo vecindario del centro de Lima denominado Barrios Altos.
Unos ocho individuos armados de metralletas, con los rostros cubiertos con pasamontañas, irrumpieron en un solar donde los vecinos realizaban una fiesta, obligándolos a arrojarse al suelo. Luego les dispararon ráfagas, utilizando silenciadores y finalmente uno de los atacantes remató con tiros de gracia a los moribundos.
Quince personas murieron, entre mujeres, ancianos y un niño de 8 años que fue el último en ser asesinado cuando salió asustado a buscar a su padre, que también murió, según relataron sobrevivientes a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó los años de violencia política en Perú.
Meses después, en la madrugada del 18 de julio de 1992, en la Universidad La Cantuta, nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados por el paramilitar Grupo Colina, que los llevó a una zona abandonada al este de Lima donde fueron ejecutados con disparos en la nuca.
Los cadáveres fueron enterrados clandestinamente en tres fosas, pero luego fueron desenterrados y llevados a otro lugar donde finalmente fueron encontrados tras revelaciones de la prensa.
Luego se demostró que las víctimas nunca tuvieron vinculación con la agrupación armada Sendero Luminoso como suponían los servicios secretos.
El tercer caso que será juzgado es el conocido como `Sótanos del Servicio de Inteligencia del Estado (SIE)'.
La Justicia verá también los casos del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, quienes fueron detenidos la noche del autogolpe del 5 de abril de 1992 y llevados al cuartel general del Ejército donde se encuentra el SIE.
A sus 69 años Fujimori puede acabar en las sombras su fulgurante palmarés político, que lo llevó tres veces a la presidencia en una década (1990-2000), tras salir del anonimato en 1990 al ganar las elecciones al favorito y famoso novelista Mario Vargas Llosa.
El juicio se perfila largo y difícil para Fujimori, un ingeniero y profesor universitario, amante de las matemáticas y los juegos de estrategia japoneses, como el célebre go, fiel a sus orígenes nipones.
Hijo de inmigrantes japoneses, Fujimori deberá hacer frente además a una opinión pública hostil, que abrumadoramente lo considera culpable, por omisión o por estar involucrado, de haber encabezado uno de los gobiernos más corruptos de la historia peruana.
Fujimori se hizo popular desde 1990 apelando a un mensaje de desprecio hacia los políticos tradicionales, a quienes culpó de haber sumido al Perú en un atraso respecto al resto de América Latina.
En la década que estuvo en el poder fue el campeón del neoliberalismo y cosechó aplausos de las clases dirigentes de Perú, de los militares y de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Fujimori también obtuvo apoyo de Washington, por su decisión de enfrentar frontalmente a las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA, y de promover las políticas estadounidenses de erradicación de cultivos de hojas de coca, de la cual Perú es uno de sus mayores productores mundiales.
La guerra interna peruana dejó un balance de 70.000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y Fujimori se presentó como el artífice la victoria contra las guerrillas.
Pero esa victoria contra las agrupaciones armadas trajo consigo acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos y la formación del escuadrón de la muerte conocido como Grupo Colina.
AFP/EFE