Asistiremos en los próximos días a la asunción de las nuevas autoridades que van a ejercer la responsabilidad constitucional para la cual han sido elegidas. El gobierno es un instrumento de la Constitución al servicio del bien común. El ejercicio de la autoridad, facultad que es propia y necesaria a la función de gobierno, no lo hace dueño a quien lo detenta ni debe identificar su gestión con el Estado. La autoridad en su ejercicio exige espíritu de servicio y austeridad, como conciencia de sus límites. Su finalidad es el bien común, el marco la Constitución, el destinatario el hombre en su dignidad y desarrollo integral y, finalmente, el ejercicio de la autoridad como instrumento necesario para la función de gobierno. En esta secuencia a la que todos estamos llamados a participar, se expresa la vida y la madurez política de la sociedad. La política es parte de la ética.

Esta instancia cívica compromete al cristiano, independientemente de su opción política, como ciudadano y hombre de fe. Es más, la fe debe hacer de él un óptimo ciudadano en el cumplimiento de sus obligaciones como en la defensa de los valores morales que hacen al bien del hombre y de la sociedad. La participación en la política no concluye con la emisión del voto. A los primeros cristianos se les recordaba, incluso, el deber de rezar por las autoridades legítimamente constituidas porque participan de la autoridad de Dios: "Respeten a toda autoridad humana como quiere el Señor-; ... porque no hay autoridad que no provenga de Dios"; "te recomiendo, decía San Pablo a Timoteo, que se hagan peticiones y oraciones por todos los hombres y por todas las autoridades-" (cfr. 1 Pe. 2, 13; Rom. 13, 1; 1 Tim. 2, 1). Esta conciencia del valor de la autoridad es un imperativo para todos, especialmente para quien ocupa el poder, y lo debe ejercer no sólo desde consensos ocasionales o intereses mezquinos, sino desde la exigencia de un "actuar ético, fundado en el reconocimiento de la ley moral natural" (Benedicto XVI).

Cuando la Iglesia nos habla de "principios que no son negociables" ella se refiere a verdades que tienen su fundamento en el orden natural y que deben ser defendidas en toda circunstancia. Esto que puede parecer un límite no significa negar un derecho a alguien, sino defender la exigencia de una verdad basada en este orden. El derecho positivo no puede estar en oposición con el derecho natural que es su fundamento. Por ello cuando hablamos de la "tutela de la vida en todas sus fases", o afirmamos "el reconocimiento de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y una mujer basada en el matrimonio" como principios no negociables, nos referimos a una realidad que nos antecede y que nos sostiene como sociedad. Definir algo, como lo hace la Constitución, es marcar ciertamente un límite, pero esto no coarta la libertad sino que la orienta al bien del hombre y la sociedad. Esto forma parte de la vida política, y en ella el cristiano no puede sentirse ajeno ni dejar de hacer oír su voz como ciudadano responsable, pero mucho más si ocupa un lugar público desde el cual debe dar testimonio de su fe.

Hoy celebramos el día de la Inmaculada Concepción que ha marcado profundamente la vida cristiana de nuestra Patria, pidamos a Nuestra Madre por las nuevas autoridades para que sean, en el ejercicio de la autoridad del gobierno, un camino de paz, de unidad y de crecimiento en la vida de nuestro pueblo. Reciban junto a mis oraciones, mi bendición de obispo y amigo.

(*) Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz