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De la redacción de El Litoral
El designado ministro de Trabajo dijo estar dispuesto a focalizar como uno de los ejes de su gestión, el control de las relaciones y condiciones laborales tanto del sector público como privado.
"La primera muestra de ello -le dijo a El Litoral- es que en nuestro organigrama habrá una Dirección Provincial de Control de Trabajo". En ese orden, ratificó la idea anticipada por este diario de crear un cuerpo de inspectores formado, capacitado y más numeroso.
"Hoy, el número de inspectores es minúsculo. Pensamos aumentarlo en forma progresiva y con incorporaciones que serán por concurso y oposición", reiteró.
Según dijo, en el primer llamado a concurso prevén incorporar al menos a cuarenta personas, determinando previamente en qué lugares son más necesarios.
"Puede haber un interinato hasta que ingresen las primeras tandas, pero sí o sí van a ser por concurso y con un jurado independiente", afirmó. Asimismo, dijo que se contemplará la necesidad de readecuar las remuneraciones.
"Debemos pensar en un salario digno. No es compatible tener una inspección seria con un turno sólo de 7 a 13. Tiene que haber personal para poder inspeccionar las 24 horas del día. Entonces -admitió-, deben tener una remuneración acorde a la dedicación exclusiva".
Paralelamente, dijo que están dispuestos a coordinar con la Nación las tareas de verificación del trabajo registrado. Y cuando se trate de pequeñas empresas, aseguró que se trabajará el tema junto al Ministerio de la Producción.
Otro de los pilares enunciados por Rodríguez como prioritarios para su gestión fue el combate del trabajo infantil. Al respecto, exhibió como carta de presentación haber estado a cargo del primer diagnóstico sobre trabajo infantil que se hizo a nivel nacional. Y en lo inmediato, anunció que harán un relevamiento para determinar qué grado de conocimiento público existe sobre el tema en la provincia. También dijo que recrearán la comisión del sector.
"Pretendemos no una comisión con fines declarativos, sino operativos. Sabemos también que hay algunos programas que sólo sirven para pagar sueldos a algunos funcionarios", advirtió.
Respecto del cuadro de situación con el que arranca en la provincia de Santa Fe, mencionó la existencia del trabajo infantil "invisible', es decir, aquel que ejercen los chicos que habitualmente piden en los semáforos. También, aludió al trabajo infantil "rural", donde consideró necesario separar el "familiar" en el que la situación puede ser manejada por los padres, del trabajo "perpetuado" como el zafrero, "donde el chico trabaja porque es necesario y aporta a la economía de su hogar".
Sobre esa base, aseguró que los programas realmente exitosos para que el chico deje el trabajo infantil son los que permiten reemplazar en la familia el ingreso que el niño genera desde su trabajo.
Rodríguez encabezó esta semana reuniones con personal de Santa Fe y Rosario, dependiente del área a su cargo. Sobre la decisión de presentarse ante todos sus empleados no lo consideró un dato menor.
"He trabajado con varios ministros y sólo los conocía por la foto en los diarios. Por eso me pareció que era respetuoso presentarme y plantear cuáles serán nuestros objetivos de gestión", explicó a El Litoral.
El funcionario se comprometió a brindar una "importante oferta de capacitación" para el personal, pero pidió como contraparte, la transparencia.
"Hay que recuperar en la sociedad la credibilidad de los funcionarios públicos. Cualquier funcionario debe ser reconocido socialmente y para ello es fundamental invocar la transparencia a la que hace referencia nuestro gobernador. Nos corresponde hacer un esfuerzo para revalorizar a los funcionarios públicos y barrer con la corrupción", aseveró.
En términos generales, se planteó como meta "ir delante de los conflictos", a través de una tarea de "diálogo permanente" con las entidades sindicales y las cámaras empresariales.
Ante los empleados que dependen del Ministerio que estará a su cargo, Carlos Rodríguez reiteró la idea de trasladar al ámbito de la provincia la experiencia rosarina de un autoseguro, para que los agentes públicos accedan a una cobertura en materia de riesgos laborales. Consultado por El Litoral, el funcionario aclaró que no hace falta para ello la sanción de una ley, aunque comentó que su instrumentación demandaría alrededor de un año.