La grave situación que atraviesa la provincia y, particularmente, la ciudad de Santa Fe, en materia de seguridad, abarca un abanico de situaciones de compleja resolución, que requieren un abordaje pormenorizado, pero también incorporado a una verdadera política integral al respecto.

La sucesión de hechos violentos que se registra -muchos más que aquellos que logran trascendencia pública por su saldo trágico- y la expansión de los alcances de distintas modalidades de hurto o robo, son el correlato de un problema que a esta altura se ha convertido en crónico, con recurrentes picos de recrudecimiento.

El sostenido cuadro de exclusión social que acusa la sociedad santafesina, y que no ha sido modificado de manera significativa en los últimos años de permanente crecimiento económico, forma parte del fondo estructural de la cuestión. El avance de la comercialización y consumo de drogas en el territorio, a la vez que revela una extensión de las redes del crimen organizado, incrementa y califica los hechos delictivos.

La policía, en tanto, sigue sin recuperar por completo la confianza de la comunidad y sus integrantes, más allá de algunos esfuerzos e iniciativas en tal sentido -incluyendo una ley de reciente cuño, aún sin reglamentación-, no cuentan con una carrera o una organización que garantice una buena prestación del servicio, propicie la capacitación y retribuya debidamente la calidad y la dedicación profesional. Y si bien resultan destacables los incrementos en materia de personal y equipamiento, ciertas medidas como los bruscos recambios en las jefaturas o el impulso cíclico de "sacar policías a las calles", por efecto del reclamo de los vecinos, fueron movimientos más bien espasmódicos, ajenos a la cuidadosa ejecución de un plan sostenido y sustentable al respecto.

De todos modos, corresponde consignar que, desde el poder político, se han tomado en los últimos años sucesivas medidas, que en la mayor parte de los casos estaban bien orientadas. Así, los programas de seguridad comunitaria, las iniciativas de desarme de la población civil, los operativos de saturación policial e intensificación de patrullajes, proveyeron algún resultado positivo, al menos momentáneo.

Las nuevas autoridades dan en el clavo cuando hablan de la necesidad de diseñar una verdadera política de seguridad, íntimamente interconectada a un proyecto de promoción y reinserción social. Y también cuando se involucra a distintas instancias -por caso, la municipal- en enfocar la prevención desde lo urbanístico, con la premisa de reducir las oportunidades para la comisión de crímenes.

El desafío es mayúsculo y los resultados demorarán en estar a la vista. Pero sólo este abordaje integral y con previsiones a distintos plazos puede alentar la expectativa de un verdadero cambio en la calidad de vida de los santafesinos. Resta confiar en que la capacidad de concreción esté a la altura de los planteos, y que la articulación y ejecución de medidas permita un avance decidido, sin descuidar las presiones de la coyuntura, pero sin permitir que las mismas desbaraten una estrategia concienzuda y, a esta altura de los acontecimientos, absolutamente imprescindible.