La situación política de Bolivia es muy delicada y existen motivos suficientes para pensar que la crisis abierta se va a seguir profundizando. Los reclamos autonómicos de los prefectos de las regiones más ricas no tienen retorno y si bien sus voceros se encargan de aclarar las diferencias existentes entre autonomía y secesión, hay señales que inducen a creer que en las actuales condiciones políticas la autonomía puede llegar a ser la antesala de la secesión.

Sin duda que las responsabilidades sobre lo ocurrido en esta atormentada nación son compartidas por el oficialismo y la oposición. La intransigencia de Morales, su indigenismo cerrado -que en algunos casos llega a confundirse con el racismo- se complementa de manera perversa con la estrechez ideológica y, en algunos casos, la mezquindad de sectores propietarios de las regiones que hoy reclaman más autonomía.

De todos modos nunca se debe perder de vista la responsabilidad primaria del gobernante nacional. No se trata de discutir la legitimidad de algunos reclamos políticos y sociales de Morales, pero estas demandas deberían ser encausadas en marcos institucionales más precisos y privilegiando el consenso sobre el conflicto.

Morales parte del supuesto de que representa a una inmensa mayoría de indígenas contra un puñado de blancos que históricamente los han expoliado. Algo de razón hay en su planteo, pero sólo algo. Como lo demuestra el caso de Santa Cruz y Tarija, pero también el ejemplo de Pando y Beni, los reclamos de autonomía son apoyados por la inmensa mayoría de esas regiones, mayorías integradas por blancos pero también por aborígenes que en su momento fueron sojuzgados por el Inca.

El tema es grave porque la experiencia histórica enseña que por este camino la guerra civil es un escenario más probable. Morales necesita de los recursos que producen las regiones que hoy profundizan sus reclamos autonómicos y, por lo tanto, no puede consentir estas demandas so pena de no poder resolver los gravísimos problemas sociales presentes en Bolivia.

Los prefectos disidentes son concientes de su poder y tratan de aprovecharse, a veces de manera irresponsable, de esa situación. Sostienen, por ejemplo, que las autonomías que exigen no son muy diferentes a las que ejercitan en España los catalanes y los vascos, olvidando que España es uno de los países más ricos de Occidente y Bolivia uno de los más pobres, por lo que el ejercicio de la autonomía y la distribución de los recursos nacionales es muy diferente.

Tal como se presentan los hechos, da la impresión de que en Bolivia no hay salida política desde el punto de vista de la unidad nacional. Las rebeldías de las regiones se complementan con la intransigencia e incluso la torpeza del gobierno nacional que supone que todo se resolverá aumentado la apuesta.

Por ese camino, el destino de Bolivia es la secesión o la guerra civil. Para evitarlo es necesaria una actitud más racional y componedora por parte de los actores internos. Ello debería reforzarse con una intervención diplomática de los países del Mercosur, porque todos sus integrantes sufrirían si se produjera en Bolivia un estallido social o político.