Un hombre apareció muerto el lunes en la antigua Alcaidía de la Jefatura de Policía, luego de que lo detuvieran por un supuesto caso de abuso deshonesto contra una criatura de su entorno. La decisión de aislarlo en ese sitio tenía por fin preservarlo de los ataques de otros internos, dado el tipo de delito que se le imputaba. No ocurrió así.

Si bien se extremaron algunos cuidados, lo colocaron en un lugar que ya no está destinado al encierro de personas, sino que está siendo transformado para construir oficinas para el personal administrativo de la fuerza.

Aunque todavía no queda claro en qué circunstancias falleció -en principio, se habría ahorcado "con unos cables", dijeron-, el hecho pone nuevamente sobre el tapete la problemática de los lugares de encierro preventivo en la ciudad capital de la provincia.

Cerrada la Alcaidía céntrica, todo indicaba que los presos iban a ser trasladados al nuevo edificio que se construyó al lado del penal de Las Flores. Pero la moderna obra quedó para el Servicio Penitenciario provincial y los presos locales, desparramados en las comisarías, en los barrios, cerca de la gente.

El nuevo director del Servicio Penitenciario, Mariano Bufarini, también reconoció ayer la inviabilidad de tener detenidos en las seccionales. El reclamo de distintos organismos parece hacerse eco en los nuevos funcionarios de gobierno, a quienes habrá que darles tiempo para regularizar la situación.

Mientras tanto, la provincia deberá afrontar la responsabilidad por la muerte de un preso que, culpable o no, estaba bajo la custodia del Estado y su vida merecía ser preservada, como manda la ley.

Hoy las comisarías están abarrotadas de jóvenes que quedan detenidos diariamente. Algunos no pasan de las 72 horas, otros están meses allí adentro. Las sucesivas inspecciones de la Justicia reclaman, hace años, soluciones para este flagelo, que mientras tanto, sólo se agiganta.