Oficialistas y opositores coinciden en señalar que la educación es una meta estratégica del desarrollo nacional. En recientes declaraciones, la presidenta recordó con nostalgia los tiempos en que los maestros sabían más que los alumnos, y unos enseñaban y los otros aprendían.

A través de un rodeo verbal, la mandataria aludía a la baja capacitación de los maestros y las dificultades de los alumnos para participar con eficacia en el proceso de aprendizaje.

Es dable pensar que las coincidencias de la dirigencia argentina acerca de los valores de la educación son sinceras; pero a juzgar por los resultados, hasta el momento son retóricas. La crisis educativa de la Argentina es tan evidente como antigua, por lo que ningún dirigente -oficialista u opositor-, puede hacerse el distraído.

En los últimos cuatro años, no ha habido cambios significativos en materia educativa. Las mediciones de los organismos internacionales así lo indican. Los argumentos que se brindan para justificar esta realidad son excusas o coartadas. El hecho cierto es que retrocedemos, lo cual, en los tiempos que corren, es una pésima noticia.

El ministro Tedesco ha dicho que se van a tomar medidas para promover el cambio. Desde hace años, estos funcionarios -académicamente capacitados-, brindan informes muy prolijos, pero en los hechos, los cambios siguen ausentes. Los ensayos elaborados en la cima del poder suelen ser muy prolijos, pero sus conclusiones no llegan a la realidad de las aulas.

El año pasado, el plan de 180 días de clases fue cumplido por la mitad de las provincias. El activismo gremial, que encuentra en el paro uno de los motivos justificatorios de su existencia, es también responsable de la crisis educativa. Sus reclamos intempestivos, su hiperpolitización y sus luchas facciosas internas perturban el proceso educativo.

Veremos si este año, estas praxis se modifican. Atendiendo a las declaraciones de los burócratas sindicales, no hay razones para el optimismo. El reclamo corporativo a través del asambleísmo permanente establece su propia lógica, y en nombre de una supuesta democracia directa se termina instituyendo otra variante de la manipulación.

La crisis educativa responde a una multiplicidad de causas. Por cierto, la responsabilidad de los gremialistas no excluye la de políticos indiferentes e ineficientes que por un camino u otro se han desentendido de la cuestión educativa.

Un reciente informe de la Unesco señalaba que los días de clases no son un parámetro exclusivo para medir la calidad de la educación. La afirmación se apoyaba en el ejemplo de Finlandia, cuya excelencia educativa no va acompañada de un horario excesivo en el aula. El problema en la Argentina es que a las pocas horas de clase se le suma la baja calidad de la prestación.

A nadie escapa que los procesos de aprendizaje no pueden reducirse a una cuestión de más o menos días de clase. Lo que sucede es que en el caso de Finlandia, la calidad educativa es alta porque las políticas del Estado son muy precisas, la capacitación de los maestros es excelente y sus sueldos son altos. Ninguna de estas condiciones está presente hoy, en la Argentina.