La reunión entre la cúpula de la CGT, encabezada por Hugo Moyano, y la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue más significativa por lo que allí se puso en escena que por las cuestiones que se trataron.

Sin embargo, y más allá de las implicancias político-partidarias y gremiales del encuentro -un intercambio de reconocimientos y respaldos-, es obvio que el alcance del mismo no fue meramente formal, como lo dejan en evidencia las modificaciones en el sistema de aportes a las obras sociales sindicales conocidas a las pocas horas.

Pero la expectativa general estaba cifrada en cuál sería la perspectiva proyectada en orden a las discusiones salariales que se desarrollarán durante los próximos meses. Según la versión oficial, en la reunión no hubo expresión alguna que traduzca en términos cuantitativos los parámetros para ello. Sin embargo, en conversaciones previas y declaraciones posteriores, se instaló una banda indicativa, que va del 15 al 20 %.

La especificación numérica deslizada por los sindicalistas se mueve entre dos consideraciones. Por un lado, el piso de la discusión no puede ceñirse a las pautas del Indec, sino que debe sincerarse con atención a "los precios reales de los supermercados" y el verdadero deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores. Por el otro, la puja que necesariamente se dará entre el sector empleador y el de los asalariados no debe adquirir una progresión tal que contribuya a aumentar la espiral inflacionaria, alimentando un fenómeno cuyos efectos se busca compensar.

Normalmente, el incremento de costos empresarios de cualquier tipo tiende a ser trasladado a los precios de los productos y servicios, con lo cual el costo de vida vuelve a elevarse y el dinero a perder valor nominal, generando un círculo vicioso donde los beneficios circunstanciales -para uno u otro sector- son siempre momentáneos, y activan una trampa que, para la floreciente pero inestable economía del país, puede ser mortal.

Conciliar esta necesidad macroeconómica con las genuinas carencias de los trabajadores, evitando que sean quienes paguen los principales costos a través de la sistemática reducción de sus ingresos en términos reales, es el desafío que aseguran haber asumido los representantes sindicales.

Por eso, y más allá de algunas correcciones posteriores acerca de cuál fue el orden y el tono de los planteos y las respuestas, las palabras que más se escucharon luego del encuentro fueron "mesura", "razonabilidad" y "equilibrio".

Como siempre en la historia de nuestro país, el alcance estricto de cada uno de estos términos para cada uno de los actores quedará definido por el desarrollo de los acontecimientos, y en alguna medida por la incidencia de factores de distinto tipo. Pero el mutuo reconocimiento de la complejidad de la problemática y la expresión de la toma de conciencia acerca de la importancia de no arriesgarse a empeorarla con posturas rígidas o pretensiones excesivas, otorga un marco inicial de razonabilidad, y permite abrir crédito sobre la sinceridad de las intenciones de quienes la invocan. En cualquier caso y más allá de las inevitables fricciones, resulta auspicioso para cualquier discusión que sea iniciada de esa manera.