Apuntes de política provincial

Una cuestión de calidad y no de número de funcionarios

Días atrás, entre el gobierno santafesino y el Sistema de Naciones Unidas en la Argentina se suscribió un acuerdo marco de cooperación. Fue firmado por el Dr. Hermes Binner y el coordinador residente en nuestro país del organismo internacional. Entre sus propósitos se encuentra colaborar para que la provincia alcance los Objetivos de Desarrollo del Milenio y elabore "un plan estratégico con el fin de mejorar sustancialmente, a mediano plano, las condiciones sociales, el perfil productivo y las capacidades institucionales de la provincia".

Instituciones

Santa Fe es una provincia compleja de gobernar por ser un territorio politizado, diverso y fragmentado. Sus instituciones, en algunas oportunidades, han reaccionado ante los desmadres y/o delitos generados por las autoridades. La destitución del ex vicegobernador Antonio Vanrell o las actuaciones respecto de la gestión municipal de Carlos Aurelio Martínez, han sido casos que se pueden exponer como hechos saludables dentro del desenvolvimiento institucional.

Ambos episodios se dieron a pocos años de reinstalada la democracia pero en la opinión de esta periodista, las instituciones santafesinas quedaron estancadas en el tiempo y profundizaron sus limitaciones. Los controles públicos no siempre fueron los adecuados por más que, en general, en las últimas décadas, la provincia tuvo una continuidad de administraciones medianamente no reprochables.

Pero Santa Fe no es una jurisdicción que pueda exhibir los crecimientos esperados de ella en otros planos -económico y social, por ejemplo- o que hubiera aprovechado su producción tecnológica, que la diferencia de otras provincias. Hace mella, además, en la formación de la clase dirigente.

Asimismo, en opinión de esta periodista tampoco las soluciones se van a alcanzar con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La ONU no ha podido resolver ninguno de los desafíos de nuestro tiempo: ni la paz, ni la lucha contra el hambre o la pobreza y menos aún la cooperación eficiente entre naciones.

Por lo tanto, descree que la firma del convenio vaya a resolver ninguna de las carencias que institucionalmente se exhiben dentro del territorio. Será sólo en un plano propio, a partir del acuerdo interno entre santafesinos, que se podrá abordar cómo mejorar la calidad institucional que se persigue. Lo demás se parece más a un envoltorio o a una cáscara.

Uno de los puntos centrales que plantea como debate la democracia representativa es, precisamente, el de la idoneidad para cubrir los cargos públicos y las responsabilidades que emanan de su desempeño. Un aspecto que no siempre se tiene en cuenta cuando se eligen las personas que ocuparán funciones en un gobierno.

En general, se crean estructuras sobre estructuras para dar lugar a quienes acompañaron el proceso electoral o responden a una misma ideología política. Se paga con el cargo político el trabajo previo o "el aguante" mientras se estuvo en el llano.

Pero la ocupación de un cargo público implica habilidades más profundas, empezando por las cognoscitivas. Por caso, ser un experto en el tema o un teórico sobre la materia que se debe administrar, demanda una simbiosis con la comunidad que tendrá a su cargo y a la que deberá interpretar, pero a su vez reclama ir más allá, con una necesaria mirada prospectiva.

Si no pensamos en la formación de dirigentes en todos los planos será muy difícil obtener esas calidades de representatividad y gobernabilidad democráticas que pretende Hermes Binner.

Releyendo Panorama de Filosofía Política. Contribuciones alemanas, editado por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, el autor Peter Graf Kielmannsegg, entre otros puntos que aborda dentro del capítulo de democracia representativa, señala que el principio de la función pública dice que toda competencia para decidir obligatoriamente por los demás debe ser concebida como cargo público y formula cuatro enunciados:

* La competencia para imponer decisiones obligatorias para los demás no es ejercida de un derecho propio, originario, sino de una plenipotencia transferida.

* La competencia para imponer decisiones obligatorias para los demás está jurídicamente limitada. La idea del cargo público es inconciliable con la libertad ilimitada de acción.

* La competencia para imponer decisiones obligatorias para los demás tiene una finalidad que no puede estar a disposición del funcionario sino que le está prescripta. La finalidad del cargo público es el bien común.

* Quien tiene competencia para imponer decisiones obligatorias para los demás es responsable. La responsabilidad es posiblemente el elemento constitutivo del cargo público.

El autor concluye que "la competencia para decidir por los demás no se presenta como un derecho sino como un deber".

Tomando sólo este aspecto: la formación de hombres para participar de un gobierno, implica un cambio muy profundo en nuestra concepción de la política, de la función del partido político, de lo que es un Estado y de lo que significa ser partícipe de una gestión gubernamental.

La calidad institucional debe partir de esa formación, de la misma manera que la reorganización de la sociedad debe comenzar por fortalecer el desenvolvimiento de la familia como institución transmisora de la cultura y de los valores de una determinada sociedad, que no son los mismos según el tiempo y la ubicación territorial, respecto de otras.