Los países industrializados y los menos avanzados intentan hoy en Indonesia salvar las diferencias que les separan para cooperar contra la corrupción global y recuperar los activos robados por los gobernantes corruptos.

Después de cuatro jornadas de sesiones, y cuando sólo queda un día para la conclusión de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, parece cada ve más lejano un acuerdo substantivo entre las delegaciones de los 107 países firmantes.

"El ambiente de la conferencia está muy caldeado", explicó el jefe de la delegación de uno de los países miembros de la Unión Europea (UE), que pidió no ser identificado.

Por un lado, los países del G-77, con Irán, Egipto y Pakistán a la cabeza, insisten en que las naciones desarrolladas proporcionen asistencia técnica para combatir la corrupción y recuperar los capitales que sus gobernantes y funcionarios corruptos evadieron del país.

"No debe existir ningún tipo de condición para recibir asistencia técnica extranjera", destacó por dos veces el representante de la delegación iraní durante su intervención en el pleno de la reunión que se celebra en la isla indonesia de Bali.

Mientras que por la otra parte, Estados Unidos y la mayoría de los países de la UE mantienen que la ayuda técnica que pueden aportar a los Estados que la requieren debe ir ligada a una adecuada reforma del sistema judicial y a proyectos de prevención de la corrupción.

"La corrupción es el resultado de debilidad, flaqueza y mal planeamiento", mantuvo Michael Merker, de la Dirección de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea.

En la actualidad, la UE desarrolla en Nigeria un proyecto destinado a luchar contra esa lacra, cuyo presupuesto asciende a 24 millones de euros (unos 35,6 millones de dólares), y gastará otros 12 millones de euros (unos 17,8 millones de dólares) en un programa estructurado para mejorar la integridad de la policía indonesia.

La UE destinará en los próximos cuatro cerca de 600 millones de euros (unos 890 millones de dólares) a la realización de proyectos orientados a combatir las diversas formas de corrupción, tanto dentro como fuera del espacio comunitario.

Además de las diferencias sobre prestación de asistencia técnica, los dos bandos también defienden posturas encontradas sobre cómo puede ser agilizada la tarea de recuperación de los capitales robados a los países pobres por "cleptócratas".

El G-77, grupo del que forman parte algunos de los países más atrasados del mundo, propone la creación de un equipo compuesto por diez personas, dos por cada región del mundo, que se encargarían de coordinar la recuperación de los activos robados.

"Habrá peleas sórdidas para estar en ese grupo", vaticinó el jefe de una de las delegaciones europeas.

Alemania, en su exposición en la sesión plenaria, instó a los países del G-77 a reforzar sus respectivas legislaciones e instituciones públicas para así "frenar el robo de activos".

Tampoco las delegaciones tienen una postura común sobre la creación de un mecanismo cuya principal misión consistiría en verificar que los países cumplen la convención anticorrupción que entró en vigor hace tres años.

"Estamos intentando crear el mecanismo pero, si no llegamos a un acuerdo, es probable que haya que aguardar hasta la próxima conferencia, que se celebrará en 2009 en Doha", dijo Arief Oegroseno, miembro de la delegación indonesia.

Portugal, España, Noruega y otros países de la UE, prefieren posponer la creación de ese mecanismo que se acordó establecer hace dos años hasta conocer el resultado del proyecto piloto que llevan a cabo 17 países de formar voluntaria, entre éstos Perú y Argentina.

El citado proyecto piloto hace una autoevaluación de la lucha contra la corrupción siguiendo unos parámetros fijados e incluye la inspección de especialistas de dos países.