En su reciente paso por Buenos Aires, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dejó en claro que no dispone de gas suficiente para cumplir los contratos de provisión a la Argentina. Y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, se excusó de ceder parte de lo que compra al vecino común del altiplano, para lo cual Petrobrás realizó inversiones en tiempo y forma.

Cristina Fernández afronta un escenario al que le faltará un 10 % de los 140 millones de metros cúbicos de gas natural que en los crudos días de invierno demanda el mercado argentino, aun relegando a las industrias y a la generación eléctrica.

El problema excede los contratos con Bolivia y reedita interrogantes que el gobierno nacional no logra despejar. A mediados de abril, Enarsa debería adjudicar la construcción del Gasoducto del Nordeste Argentino -GNEA-, que recorrerá 1.465 kilómetros por Salta, Formosa, Chaco y Santa Fe, a un costo cercano a los U$S 1.800 millones, para traer hasta 27,7 millones de metros cúbicos de gas desde Bolivia en 2010.

�Cómo será eso posible si la administración de Evo Morales sólo puede mandar este año 3 millones de metros cúbicos diarios, menos de la mitad de los 7,7 millones contratados por la Argentina? Los acuerdos firmados por Néstor Kirchner en 2005 prevén que nuestro país invierta unos U$S 450 millones más para una planta separadora de líquidos en territorio boliviano, cerca de la frontera, para alimentar al GNEA.

La inestabilidad política boliviana y el retraso en las inversiones comprometen la estrategia energética argentina, que ya perdió tiempo con el ilusorio gasoducto que comenzaría en Venezuela y pasaría por Brasil. Además, la Casa Rosada no ha contestado los planteos del ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, o del mandatario neuquino, Jorge Sobisch, quienes sugirieron que, a tarifas de gas internacionales como las prometidas a Evo Morales, las inversiones se podrían hacer en la Argentina.

Petrobrás tampoco avanza, a falta de rentabilidad tarifaria, con la inversión para construir un ducto en el estrecho de Magallanes. La obra permitiría a la Argentina usar el gas disponible en Tierra del Fuego, para traerlo con una ampliación al gasoducto que regentea TGS.

El gobierno ha dispuesto acumular agua en el Comahue para que sus represas produzcan más electricidad en invierno, y privilegiará el consumo domiciliario del gas natural para evitar las quejas sociales. Como el invierno pasado, ello supone la eventualidad de recortes al sector industrial, y que las usinas térmicas de generación eléctrica usen gasoil o fueloil, lo que implica mayores costos y nuevos compromisos con Petróleos de Venezuela y con Hugo Chávez, a pesar de los costos diplomáticos que eso supone para la Argentina.

Es razonable que, a largo plazo, las estrategias de integración energética regional sean un dato histórico relevante. Pero el gobierno de Cristina Fernández no debe olvidar que la crisis energética de 2001 le costó 20 % de su PBI a Brasil, aunque aquel escenario tuvo por causa la sequía que paralizó turbinas, y no las decisiones políticas que aquí relegan respuestas concretas.