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La inauguración del Año Judicial 2008 es tradicionalmente una ocasión que la Corte Suprema de Justicia aprovecha para plantear los ejes sobre los cuales buscará trabajar internamente y para dejar planteadas inquietudes cuya resolución dependen de alguno de los otros dos poderes del Estado. Este año se dio en medio de posiciones encontradas entre el Ejecutivo y el Judicial.
Días antes del acto hubo una fuerte embestida del gobernador Hermes Binner, a raíz de que el Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial habían solicitado la revisión del decreto por el cual se rediseñó la composición del Consejo de la Magistratura y las instancias de participación de cada una de las instituciones en el proceso de selección de jueces. Por este decreto -surgido a días de asumir el nuevo gobierno-, la Corte quedó excluida de la selección y limitada la participación del Colegio de Magistrados.
Ante la postura hecha pública por los jueces, Binner había graficado la situación diciendo: "Los privilegios crujen", pero horas después de esta respuesta, en el cierre de Foro Económico y Social realizado en Rosario el sábado anterior, expresó que Santa Fe no tenía una Justicia justa y calificó de "energúmenos" a quienes peticionaron por la revisión del decreto de marras. El diccionario Salvat explica que energúmeno es quien se encuentra "poseído por el demonio" y otra acepción que da refiere a "la persona que grita mucho y que se expresa violentamente". La calificación, entonces, causó malestar en el ambiente tribunalicio.
La Corte santafesina se mantuvo por encima de esta escalada de dichos, con más impacto público que efectos concretos, y en su discurso, el presidente Roberto Falistocco recordó que el Poder Judicial participó el año pasado en la elaboración del Plan Estratégico de Reforma de la Justicia santafesina. Las iniciativas que de él derivaron -excepto el nuevo Código Procesal Penal ya sancionado- se encuentran a consideración de la Legislatura: Código del Menor, Ley de Ministerio Público, Ley de Mediación y otras legislaciones vinculadas con el Derecho Comercial y Laboral. Es responsabilidad de los legisladores que esos proyectos sean modificados, optar por otros alternativos o aprobarlos, pero ninguno fue incluido por el Poder Ejecutivo para ser considerado en las sesiones extraordinarias.
El mejoramiento del trabajo judicial "no depende únicamente de nosotros sino del compromiso de los tres poderes del Estado y de la sociedad en su conjunto. Nadie, aisladamente, desde el planteo sectorial podrá solucionar los problemas que se suscitan", expresó Falistocco en su discurso.
El titular de la Corte reconoció cuestionamientos: "Nuestros jueces no desconocen las críticas que se hacen desde un amplio sector de la sociedad al servicio de Justicia", dijo, y también habló de "una sociedad sin respeto a la ley, que vive en medio de una significativa desconfianza e inseguridad jurídica".
Pero, además advirtió que "los progresos legislativos y doctrinarios no se corresponden exactamente con un progreso en los niveles de realización de la justicia, valor siempre por alcanzar pero que es tarea de los tres poderes del Estado".
"Necesitamos de la ley y el soporte presupuestario necesario para operar un cambio cualitativo", consignó Falistocco, quien además reiteró que "sin presupuesto y sin capacitación, hasta la mejor reforma puede fracasar".
Lo dicho está en línea con lo expresado por el presidente de la Suprema Corte de la Nación, Ricardo Lorenzetti. El máximo tribunal de la Nación ha hecho hincapié en la defensa de los derechos concretos de la ciudadanía pero, en ese mismo plano, consigna la necesidad de que el Poder Judicial cuente con más presupuesto.
Esta posición no es totalmente compartida por el Ministerio de Justicia. Su titular, Héctor Superti, también públicamente consideró que debía eficientizarse el manejo de los fondos del Poder Judicial. Cabe señalar, que en particular, para la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, los recursos fueron previsionados en el presupuesto 2008.
Por aquellas paradojas del acontecer político, la inauguración de otros Años Judiciales nunca había pasado de ser un acto común. En este caso, no sólo concurrió Binner -quien luego compartió un almuerzo con los magistrados- sino también la vicegobernadora Griselda Tessio; los ministros Héctor Superti y Daniel Cuenca; los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti y del Consejo de la Magistratura a nivel nacional, doctor Mariano Candioti, además de los representantes de los Colegios de Abogados y de las universidades con asiento en el territorio.
Nadie desconoce que en el gobierno de Carlos Reutemann hubo un intento por llevar adelante la reforma procesal penal requerida y que se frenó; fue una oportunidad importante para aggiornarse que se perdió en la provincia. Luego fue la Suprema Corte de la Nación, que con la causa Fratticelli, en los hechos, provocó el cambio de legislación.
En esa circunstancia, Jorge Obeid convocó a la elaboración del Plan Estratégico que tuvo una amplia participación de representantes del foro y de académicos en las distintas materias y los proyectos de reformas ingresaron a la Legislatura.
Desde "Apuntes..." no se va a demonizar a unos y a considerar inmaculados a otros. No tendría sentido que el debate quedara en los medios como tampoco se ignora que colectivamente la ciudadanía reclama tanto procesos más ágiles y seguros como idoneidad para quienes serán jueces.
Lo razonable sería que cada poder asuma lo que debe hacer para que mejore la prestación judicial y la seguridad en el territorio. Asimismo, que de manera conjunta, sus autoridades, en una relación acorde con las investiduras -que conllevan responsabilidades-, racionalmente arbitren los medios tecnológicos, de capacitación y financieros para que las transformaciones se concreten.
Teresa Pandolfo