La nueva metodología pretende resolver conflictos de manera más transparente y evitar que el pleito llegue a la instancia judicial. Hoy se discutió un recurso administrativo contra la decisión de la provincia de intervenir la Federación de Cooperadoras Escolares de Rosario.
Fiscalía de Estado abrió sus puertas, y por primera vez en la historia de la provincia, realizó hoy una audiencia pública para intentar resolver un conflicto administrativo y evitar que llegue a la instancia judicial. En una escena similar a la que podría implicar un juicio oral y público, testigos, abogados, recurrentes, recurridos y el Fiscal de Estado concurrieron a uno de los recintos de la Universidad del Litoral para participar de la audiencia.
Se trata de las denominadas "audiencias adjudicativas o jurisdiccionales", en las que el gobierno intenta resolver un pleito antes de que llegue a la Justicia. En este caso, el conflicto que se dirime es protagonizado por la Federación de Cooperadoras Escolares de la ciudad de Rosario, donde se cuestiona la legitimidad de una discutida asamblea que terminó proclamando por aclamación a una nueva comisión directiva. En diciembre de 2007, esa situación llevó a que la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia interviniera la Federación, decisión que fue apelada ante Fiscalía por la conducción previa.
"Experimentalismo democrático", dijo Jorge Barraguirre consultado por El Litoral. "Cuando uno trata de producir algún tipo de reformas institucionales, salvo que los actores hegemónicos se pongan de acuerdo, son muy difíciles de implementar. Ahora, hay que ver si esto que instrumentamos hoy es compatible con la cultura profesional que se ha desarrollado durante tantos años, teniendo en olvido o limitando a un sector muy pequeño de la profesión, el juicio oral y público", comentó el Fiscal de Estado.
Más transparencia
El funcionario aclaró que ante la ausencia de normas que regulen la intervención de la Fiscalía de Estado, "es útil ir buscando nuevas y más transparentes formas de resolver los asuntos de la provincia".
En ese mismo sentido, Barraguirre recordó las reformas que propuso tras asumir como fiscal, vinculadas con la eventual creación de algunos tribunales administrativos y otros de reclamación patrimonial, donde se puedan resolver todas las demandas a la provincia "en forma pública y transparente, sin que ningún funcionario público sienta presión indebida para aconsejar algún tipo de transacción". La intención es poder hacer funcionar la administración con "la decisión previa" a fin de poder bajar la litigiosidad.
"Esto tiene un impacto también en la Justicia -resaltó-. Cuanto más litiga el Estado, menor chance hay de que los particulares, que tal vez sí tienen cosas que resolver, puedan litigar en las debidas condiciones. Y también tiene impacto en las litigación pública. Ésta es una prueba inicial para buscar algún tipo de mecanismo alternativo", explicó.
El proceso
En principio, este tipo de audiencias públicas está previsto para los reclamos en sede administrativa, en los que se perciba algún interés institucional importante en razón del "experimentalismo democrático".
"No se trata de imponer una cultura desde arriba -insistió Barraguirre-, sino de generar los consensos relevantes para que una eventual reforma al decreto de actuaciones administrativas pueda contemplar este tipo de procedimientos".
En el caso del conflicto que hoy se discutió -recurso contra la intervención de la Federación de Cooperadoras Escolares de Rosario-, tras la audiencia, las partes tendrán diez días posteriores a la audiencia para presentar un escrito en el que podrán proponer o sugerir al Fiscal el dictamen.
"Les pedimos que nos sugieran qué es lo que la Fiscalía debería aconsejarle a su vez al gobernador para resolver el caso. Lo que se busca con cada etapa -aclaró el funcionario- es evitar reiterar la anterior. Entonces, ya hubo presentaciones por escrito, estuvo la revocatoria y el recurso de apelación del recurrente, luego se expresaron agravios, después la parte recurrida presentó su contestación a la expresión de agravios, y ahora llegamos a la audiencia de vista de causas. Una vez que terminen de pasar los testigos y quienes deban reconocer documental, las partes alegarán oralmente y deberán presentar este nuevo escrito en el que les pedimos que imaginen cómo sería el dictamen".
Por fin, el Fiscal recomienda al gobernador cómo debe resolver el asunto, y es el mandatario quien decide.
Discuten sueldos de estatales
Los dirigentes sindicales de UPCN y ATE acordaron con el gobierno seguir discutiendo, en el ámbito de las paritarias, la política salarial de 2008. Alberto Maguid y Jorge Hoffman se reunieron ayer con los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; de Economía, Ángel Sciara, y de Trabajo, Carlos Rodríguez.
Tras la reunión, Maguid confirmó que dejaron sobre el despacho de Bonfatti la propuesta elaborada por los sindicatos tanto por la política salarial como por los demás temas laborales del sector público. "No hablamos de números; hablamos en general. Pero nos vamos conformes porque yo creo que tanto el Poder Ejecutivo como nosotros tenemos la mejor predisposición para encontrar en el disenso los acuerdos necesarios para satisfacer las necesidades de cada parte", explicó el dirigente. De todas maneras, anunciaron públicamente que el pedido de mejora salarial que pretenden es del orden del 25 por ciento.
Por su parte y consultado por El Litoral, el ministro Bonfatti calificó la reunión como "cordial", y confió en que a través de la mesa paritaria se puedan encontrar respuestas "prudentes" a las demandas de los trabajadores.
Consultado sobre el 25 por ciento que reclamaron los gremios, el funcionario aclaró que pidieron ese guarismo para aquellos sectores más postergados de la administración pública. "Por eso digo que hay que encontrar un punto de equilibrio dentro de las posibilidades de la masa salarial, para saber cómo incide la nueva política en las categorías más bajas, en las más altas y en el presupuesto global del año", expresó.
Bonfatti dijo que el eje de la negociación pasa por "encontrar una salida similar a la que se ofreció a los gremios docentes, donde los maestros que recién se inician y hasta determinados años lograron un incremento mayor que el de los supervisores y directores". La cuestión pasa por determinar "cómo se distribuye esa masa salarial", sentenció.
Qué pasó
Respecto del conflicto con la Federación de Cooperadoras Escolares, el gobernador dictó el año pasado una medida cautelar en la que dispuso que la intervención del organismo fuese sin ningún coadministrador de la Federación. "Es decir -explicó Barraguirre- que los ojos y oídos del interventor fuesen sólo de él y no dispuestos a ver o escuchar a algunas de las dos partes impugnadas". La decisión -explicó el fiscal- fue para garantizar un trabajo imparcial del interventor, a la hora de decidir sobre la legalidad de los libros y la legitimidad de la propia asamblea del año pasado que desencadenó el conflicto. Todos esos aspectos eran parte de la discusión durante la audiencia pública de hoy.
