El gobierno no debería equivocarse a la hora de evaluar la nueva situación política creada como consecuencia del levantamiento de la protesta rural. Voceros del oficialismo han dado a entender que las medidas de fuerza cesaron porque el acto de Plaza de Mayo los hizo entrar en razones. A decir verdad, la decisión de levantar el paro estaba prevista antes del discurso presidencial en la plaza histórica.
En rigor, el discurso de la presidenta -con tramos muy agresivos- estuvo a punto de hacer fracasar los esfuerzos de los dirigentes para convencer a los productores más combativos de que era prudente una tregua de treinta días.
Los dirigentes de las cuatro entidades gremiales consideraron con acierto que la prolongación de las medidas de fuerza iba a profundizar el desabastecimiento con sus consecuencias previsibles. Uno de los rasgos distintivos de esta huelga fue la adhesión que los centros urbanos expresaron a los productores rurales. Con buen criterio, los dirigentes entendieron que esa adhesión podía desbarrancarse en caso de continuar con los cortes y llegar a un insoportable desabastecimiento.
El gestión nacional ha hecho lecturas equivocadas sobre este conflicto. Sus errores de cálculo fueron serios y el precio político que ha pagado por ello aún es difícil de mensurar. Otro habría sido el desarrollo de los acontecimientos si el gobierno hubiera recurrido a las instancias del diálogo o si las correcciones que realizó después las hubiese planteado en su momento y no cuando su credibilidad ya estaba erosionada.
El debate sobre las retenciones seguramente deberá hacerse; también es importante que se discuta la situación del campo en toda la complejidad de intereses que contiene, pero lo que este paro impugna, desde el punto de vista político, es un estilo centralizado de ejercicio del poder.
Por el bien de las instituciones, es importante que la presidenta entienda que los pasos hacia el futuro deberán incluir diálogo y negociación. Gobernar en democracia es construir consensos. Ello requiere apertura al intercambio de argumentos, pero también una concepción precisa sobre las instituciones que configuran a una república democrática.
En un Estado de derecho, las instituciones son fundamentales. Uno de los atributos centrales de la estatidad es el derecho a cobrar impuestos, pero este derecho tiene establecidos procedimientos y límites. La Constitución Nacional dice que los impuestos deben ser equitativos y proporcionales y le reconoce expresamente al Congreso la facultad de fijarlos.
Nada de esto ocurre hoy en la Argentina. Invocando una situación de emergencia largamente superada, el gobierno nacional ejerce funciones delegadas que desde hace rato han dejado de ser transitorias para transformarse en permanentes. Algo parecido puede decirse de la ley de coparticipación federal, una asignatura pendiente desde hace más de diez años.
La discusión con los ruralistas tiene su propia agenda, pero es importante puntualizar que las reivindicaciones sectoriales han puesto en discusión un estilo de gobernar que es rechazado por diversos sectores.