Federico Aguerfaguer @ellitoral.com
Fueron más de 300 piquetes que cortaron las rutas de gran parte del país. Algunos comenzaron con la protesta misma, otros fueron más modestos y esporádicos, pero en todos el motor fue el mismo: la necesidad de decir basta a un modelo de país en el que no son tenidos en cuenta, más que para retener en concepto impositivo gran parte de su producción.
El modelo funcionó luego de la devaluación, pese a ser resistido desde el campo. Remes Lenicov, Lavagna, Miceli y Peirano fueron incrementando la alícuota de este polémico tributo a los fines de mantener los números de la macroeconomía. Sin embargo, la realidad inflacionaria transformó los números, fundamentalmente en los insumos indispensables para la producción, tales como el herbicida y los fertilizantes.
Por eso, una nueva suba de las retenciones impulsada por el joven Ministro Lousteau hizo estallar la indignación de los productores, quienes ganaron las rutas de forma masiva.
El gabinete nacional, lejos de intentar entender el nudo del problema siguió alimentando la polémica, fogoneando el ambiente con frases peyorativas y declamaciones cargadas de ignorancia sobre la problemática rural.
El discurso del gobierno fue mutando de acuerdo a la intensidad del reclamo. Quienes antes apoyaban el crecimiento de la agricultura salieron a demonizar a la soja, pero en vez de aumentar el tributo para los grandes productores que aglutinan la mayor porción de hectáreas sembradas, implementaron un castigo a todos por igual, con compensaciones que resta ver cómo se instrumentarán. Esto demuestra claramente el fin tributario de la medida en particular y de la política económica en general que, mientras critica a la soja, se nutre de ella a través de estos impuestos distorsivos.
Se inicia ahora un nuevo proceso en el que la Presidenta deberá aceptar al sector rural en la mesa de negociaciones de las políticas para el sector. Si no lo hace, volverán los piquetes con un final incierto para el país.
El paquete de medidas muestra la intención de negociar, pero también una clara dificultad para instrumentarlo. Los tamberos que todavía esperan las promesas incumplidas tienen razones fundadas para desconfiar.
El campo mejoró en los canales para unirse en un reclamo conjunto pese a sus distintas realidades, y finalmente logró que la ciudad lo entienda, algo imposible de pensar hasta hace muy poco tiempo.
La batalla nos costó caro a todos. Al gobierno nacional, porque se empecinó en una actitud de soberbia que puso en evidencia su desconocimiento sobre la realidad de uno de los sectores más dinámicos de la economía. A la cadena agroindustrial, porque estuvo virtualmente parada casi un mes, con el consecuente corte de la cadena de pago. Y a los argentinos en general por el incipiente desabastecimiento y el agravamiento en el aumento de los precios.
Sin embargo, posiblemente las partes en conflicto tengan la altura intelectual para capitalizar los efectos de la crisis de la mejor manera: en beneficio de todos.
Se hace necesario el planteo de una reforma impositiva a nivel general que fomente un desarrollo productivo sustentable y a partir de eso una mejor distribución del ingreso que termine con la flagrante pobreza nacional. Y por otro lado, que el sector cuente de una vez por todas con una política en serio para el campo que vaya más allá de la mera recaudación.
Argentina es un país agroganadero y ya no puede darse el lujo de no contar con esta herramienta. Ojalá que asó lo entiendan las partes que en estos 30 días intentarán llevarlo a cabo. Para que los mansos hagan lo que mejor saben: seguir produciendo.