Sergio Serrichio (CMI)
Si se evalúan objetivamente, a la luz de su lógica y no al calor de sus adjetivos, los sucesivos discursos y anuncios que durante el conflicto con el campo fueron enhebrando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Economía, Martín Lousteau, fueron una severa crítica a las políticas y resultados -al menos, en materia agropecuaria- del gobierno de Néstor Kirchner.
No es poca cosa, tratándose de un sector de tanto peso en la economía del país. Cerca de un tercio del empleo y más de la mitad de las exportaciones argentinas tienen origen en la agroindustria, por no hablar del peso de las retenciones -el disparador del conflicto- sobre el superávit fiscal, una de las fortalezas de la gestión K.
Ya el 11 de marzo pasado, cuando anunció el sistema de "retenciones móviles", Lousteau dijo que uno de los objetivos era promover la "desojización" de la Argentina y favorecer las producciones de leche, maíz, trigo y carnes.
Esos objetivos fueron reafirmados en sucesivas presentaciones y discursos. He aquí, sin embargo, que entre las campañas 2003/04 y 2006/07, la producción de soja creció 50 por ciento y la de carne lo hizo apenas en un 13 por ciento y no por falta de productividad del complejo cárnico, que se manejó con un rodeo ganadero casi estancado (algunos expertos advierten incluso una liquidación de vientres). En tanto, la producción de trigo cayó un 1 por ciento, los tambos siguieron cerrando y las producciones de maíz y girasol tuvieron aumentos de 45 y 15 por ciento, respectivamente.
En la campaña 2002/2003, la última no imputable a las políticas del gobierno de Néstor Kirchner, la soja cubría 35,6 por ciento del área sembrada del país. En 2005, la relación fue de 53,7 por ciento y de hecho se estima que habría declinado levemente (a 51,7 por ciento, según datos de la Secretaría de Agricultura citados por la consultora Ecolatina) en la campaña 2007/08.
En otras palabras, lo que Lousteau y la presidenta Cristina Fernández dijeron fue que la política agropecuaria de Néstor Kirchner fue contraria a lo que -según ellos- es bueno para el país.
Para quienes siguen el sector rural, esas constataciones no son para nada sorprendentes. El bandolerismo funcionarial que desde 2006 encarnó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, desalentó sucesivamente las producciones de carne, leche y trigo, e hizo cada vez más atractiva la producción de soja. Las retenciones al complejo sojero no fueron alteradas sino hasta fines de 2006, cuando el gobierno pergeñó la estrategia de "compensaciones" que, como denunciaron los productores del campo, benefició fundamentalmente a empresas grandes, como las lácteas, y sectores altamente concentrados, como el avícola. Es decir, se favoreció cada vez más la concentración que el gobierno dice combatir.
En ese contexto debe intentar entenderse el conflicto que durante tres semanas mantuvo en vilo al país. Y más importante aún, intentar entender la probable resolución de las disputas planteadas.
Otra paradoja es que quienes sembraron las semillas de la situación -el propio Néstor Kirchner y su funcionario favorito, Lassie Moreno- son ahora los que aparecen pidiendo rendición de cuentas a aquellos a quienes la situación les estalló. Básicamente, al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Lousteau. Algo parecido, en escala mucho mayor y con mucho más dramatismo, pasó con la Convertibilidad.
Como en su lógica los culpables siempre están afuera, el poder K es remiso a entregar cabezas en el fragor de la crisis. Sería reconocer un error y evidenciar una debilidad. Pero tarde o temprano habrá una resolución interna. Esa lucha por el timón intelectual y político del "modelo" es la que se dirimirá en los próximos meses. Allí se hablará, por ejemplo, de la incompetencia de Lousteau y su equipo en la elaboración del esquema de retenciones "móviles". Pero ésa es una cuestión técnica, no el centro del problema.
Conviene anotar, mientras tanto, características más importantes, que siguen en pie: 1) reiteración del recurso (fue el tercer aumento en 14 meses y el segundo en cuatro), 2) nivel al que fueron llevadas las retenciones (en torno del 40 por ciento promedio, con alícuotas marginales de hasta 95 por ciento), y 3) oportunidad en que fue anunciada e implementada la medida (a semanas de la cosecha, lo que echa por tierra argumentos como el de la "desojización").
Con todo, lo peor fue el basamento institucional: una resolución, tomada por un ministro de escaso o nulo conocimiento de la problemática del sector, amparada en la vigencia (ya en su séptimo año) de la Ley de Emergencia Económica. A eso la presidenta (que como legisladora se negó siempre a estampar su firma sobre la Ley de Emergencia) llama "voluntad popular", cuando en verdad se trata del escamoteo a los representantes del pueblo de debatir y decidir en el Congreso de la Nación una de las materias más básicas del contrato democrático: la imposición de tributos a la ciudadanía.
Gran parte de la discusión por los recursos puede llegar a volverse una abstracción si el precio internacional de la soja cae un 10 por ciento más, en cuyo caso la "retención" quedaría igualada con la previa a la que regía hasta el 11 de marzo: 35 por ciento.
Sin embargo, no será abstracto el procesamiento del conflicto político abierto en torno de los métodos, las motivaciones y el discurso oficial. Y mucho menos, la resolución de la interna del poder K.
Los productores agrarios -en especial los más pequeños, que fueron los que impulsaron y sostuvieron el inesperado desafío del campo- y, en menor medida, los gobernadores, están en la lista de quienes el gobierno deberá considerar a la hora de tomar decisiones de las que antes no daba cuentas a nadie.
La presidenta, además, deberá decidir si se amarra definitivamente a los métodos con los que durante cuatro años y medio gobernó su marido o -con ensayo y error- intenta otro camino. Aunque siga durmiendo con el enemigo.
La presidenta Cristina Fernández criticó la cobertura periodística del conflicto del agro y el gobierno, y afirmó que algunos medios de comunicación todavía "nos deben la calidad institucional y democrática que han reclamado desde siempre, por supuesto, a los otros, nunca a ellos mismos".
"Parece ser que hay una prohibición decretada desde algún lugar de que comunicar a los argentinos que las cosas nos van mejor o que también pasan cosas buenas en la Argentina, fuera algo que está de más o molesta; esto no significa que los medios deban describir paraísos, porque los paraísos no existen en la Tierra", exclamó la mandataria.
Fernández de Kirchner formuló estos conceptos momentos después de mantener una reunión, con el objetivo de profundizar y hacer más efectiva la tarea del Observatorio de la Discriminación en los medios de comunicación.
A ese observatorio, integrado por el Comfer, el Inadi y el Consejo de la Mujer, que fue creado por decreto en el marco del Plan Nacional Contra la Discriminación, se sumarán -por instrucción de la presidenta- las facultades de ciencias sociales de las universidades nacionales.
La jefa de Estado pidió "tener el derecho, la libertad de que todas las voces plurales y democráticas puedan acceder también a todos los medios de comunicación", derecho que -dijo- "es parte de la calidad institucional que necesitamos los argentinos, de la reconstrucción democrática a la que todos estamos obligados a contribuir".
La mandataria exhortó especialmente a "todos aquellos que tienen la inmensa responsabilidad de informar a la opinión pública", al opinar que "son también los que nos deben todavía en la Argentina, la calidad institucional y democrática que han reclamado desde siempre, por supuesto, a los otros, nunca a ellos mismos".
La presidenta habló durante un acto en Casa de Gobierno, en el cual se firmó el acta de inicio de 8.625 obras de soluciones habitacionales para la provincia de Buenos Aires, que demandarán una inversión de 590 millones de pesos y beneficiará a 32 municipios.
Sin embargo, el discurso de la mandataria hizo eje en la necesidad "imperiosa" de "una mirada reflexiva" sobre cómo se informan a los argentinos, e instó a "rechazar y evitar prácticas de discriminación como las que vimos en estos últimos episodios que ocurrieron en Argentina".