La Cámara Federal porteña ratificó la anulación del indulto que había favorecido a Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura militar imputado en una causa por secuestros de empresarios, informaron fuentes judiciales.
La resolución del tribunal de alzada confirmó el fallo que había dictado el juez federal Norberto Oyarbide en la denominada causa Gutheim, en alusión a dos empresarios de ese apellido que fueron secuestrados supuestamente por orden de Martínez de Hoz para cerrar un acuerdo comercial con China.
Los Gutheim, padre e hijo, fueron detenidos por un decreto y puestos a disposición del Poder Ejecutivo el 5 de noviembre de 1976. Los arrestó en su casa un grupo del Ejército que no llevaba orden escrita y estuvieron cautivos durante cinco meses y dos días, al comienzo en el Departamento Central de Policía y luego en la cárcel de Caseros. Los liberaron el 6 de abril de 1977, con otro decreto que pretendía dar aspecto de legalidad a los hechos.
El verdadero objetivo de tenerlos en prisión fue que entablaran la renegociación de un convenio de exportación con empresarios de Hong Kong que se había frustrado, de lo cual Martínez de Hoz se había enterado en un viaje oficial. Se buscaba forzarlos a que su empresa, la textil Sadeco, sellara ese acuerdo que le permitiría a la dictadura obtener importantes líneas de crédito. Para eso, durante su detención, los Gutheim fueron llevados en cuatro oportunidades a las oficinas donde transcurrían las tratativas con los chinos. En las reuniones, que se hicieron en enero de 1977, siempre participaba algún representante del ministro de Economía.
El dictador Jorge Rafael Videla, el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy y Martínez de Hoz estuvieron presos en 1988 por orden del entonces juez Martín Irurzun (ahora camarista), que los responsabilizó de la privación ilegal de la libertad de los empresarios. Luego, la Cámara Federal confirmó la detención de los dos primeros como coautores del decreto pero liberó al ex ministro de Economía por considerar que en ese momento no había pruebas suficientes sobre su intervención en el secuestro. Los tres resultaron favorecidos tiempo después por los indultos de Carlos Menem, lo que truncó -como en tantos casos- la posibilidad de que fueran juzgados y recibieran sentencia.
La reapertura de la causa sobre los Gutheim ocurrió en 2006, cuando el juez Oyarbide hizo lugar a un reclamo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, al que después se sumó la Secretaría de Derechos Humanos. Los organismos habían conseguido que impulsaran la causa el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y el fiscal federal Federico Delgado.