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Dos días después de haberse anunciado el plan integral de gestión penitenciaria de la provincia, que establece la construcción de nuevas plazas carcelarias, una de ellas en esta ciudad, se aprobó una ordenanza que deroga la norma anterior, que autorizaba la cesión gratuita de los terrenos para su edificación.
Rafaela (De nuestra agencia).-Tras conocerse el anuncio del director del Servicio Penitenciario, Mario Bufarini, sobre la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 15 en Rafaela, con capacidad para 160 reclusos; anoche los ediles de todas las bancadas aprobaron la ordenanza presentada por el Frente para la Victoria que deroga la norma que donaba las más 68 ha. a la provincia.
Ahora, sólo falta la firma del intendente, Omar Perotti, para que esto se concrete, algo que se descuenta, debido a que el proyecto surgió del bloque oficialista.
Vale recordar que a través de la ordenanza Nº 3.770 del 10 de marzo de 2005, se cedió a la provincia un predio de 68.073 m2 en el norte de la ciudad -barrio Monseñor Zazpe-, con el cargo de la construcción de una nueva alcaidía, que, posteriormente, a la hora de la licitación a finales del mismo año, se transformó en la Unidad Penitenciaria Nº 15.
Posteriormente, y en el marco del Programa de Fortalecimiento del Régimen Penitenciario, en diciembre del mismo año, se abrieron los sobres para la licitación de las obras, que se realizarían con fondos provenientes del erario nacional en un plazo de 5 años. La realidad indica que los terrenos nunca fueron aceptados por la provincia, y legalmente, nunca dejaron de ser municipales.
La semana anterior, transcurridos ya dos años y medio de haber sido licitadas y adjudicadas las obras para la construcción de una unidad penitenciaria en esta ciudad, y no existiendo señales de que el proyecto esté en marcha, ni que haya intención de concretarlo, el Concejo aprobó un pedido de informes al departamento ejecutivo para conocer si el gobierno provincial había aceptado o no del terreno donado. El cuerpo legislativo solicitaba, además, que se indique el trámite legal para dejar sin efecto la donación del bien.
El pasado martes el gobierno provincial anunció, dentro de un plan de veinte puntos, la construcción de nuevas unidades penales para descomprimir la situación en comisarías y mejorar las condiciones de alojamiento. Fue en ese marco donde el director de Servicio Penitenciario había confirmado la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 15 en Rafaela.
Largo debate
En un debate que se prolongó por casi cuatro horas, y que en todo momento reflejó la reacción negativa de la sociedad a la construcción de una cárcel en esta ciudad, uno de los planteos expuestos fue que si la provincia comprara los terrenos en otras localidades para el asentamiento de cárceles, también debería hacerlo en esta localidad.
Por otro lado, no se descarta que se presente un nuevo proyecto, por medio del cual, el Concejo se declare en contra de la instalación de la misma.
Más allá de esta situación, aún queda un par de interrogantes a los que se deberá dar respuesta acerca de la forma en que se dio todo este proceso. La primera es saber cómo a dos años y medios de haberse donados los terrenos, la Provincia no se pronunció aceptando o rechazándolos.
La otra, es saber si la provincia hizo una licitación para construir una cárcel con fondos nacionales en terrenos que todavía no le eran propios.
Fundamentos
Según precisó Germán Bottero (FPCS) en el diario La Opinión, una de las posibilidades era la de esperar que la provincia reclame los terrenos y decirle que el cargo con el cual había sido donado era para una alcaidía, no una cárcel. Y si no se le daba ese uso, las tierras volvían a manos municipales.
A su turno, Víctor Fardín, enfatizó que si hay una postura firme de las autoridades locales, no se podrá construir.
Enrico sumó justificaciones similares a las de Bottero, y aclaró que él no defiende la localización de una cárcel en la ciudad, pero que sería conveniente escuchar a los funcionarios provinciales. "Queremos escucharlos, pero ellos no nos hablan", le respondió desde la presidencia, Jorge Maina.
Hay que reconocerlo: más allá de las cuestiones partidarias, en esta decisión primó el interés común de la ciudad, lo cual es para destacar.
En un principio,
el terreno iba a estar destinado a una alcaidía; aunque a la hora de la licitación -a fines de 2005-, adoptó el nombre de Unidad Penitenciaria Nº 15. "Nos comimos el amague de pensar que era una alcaidía", reconoció Germán Bottero (FPCS) al diario La Opinión de Rafaela.