Es muy probable que el fallo de la Audiencia Nacional de España negando la extradición de Isabel Martínez de Perón haya sido evaluado como una buena noticia por el gobierno nacional. Dos jueces argentinos habían solicitado en su momento la extradición de la ex presidenta. En su momento, se habló de responsabilizarla por las ejecuciones cometidas por la banda paraestatal Tres A, dirigida por el ex funcionario José López Rega.

Si los pedidos de los jueces Oyarbide y Acosta hubieran prosperado, es muy probable que se habría reabierto un capítulo de nuestra historia que un sector mayoritario del justicialismo no está interesado en investigar. Se sabe que la señora Martínez de Perón se ha negado sistemáticamente a hablar de lo sucedido en aquellos años. Una de las excusas es el poco convincente argumento de que no recuerda los hechos.

Desde el punto de vista político, investigar lo sucedido entre 1973 y 1976 es importante porque permitiría establecer los orígenes del terrorismo de Estado en la Argentina y ampliar la figura de los crímenes de lesa humanidad a funcionarios civiles que tuvieron la responsabilidad política de conducir el Estado en esos años.

Hasta la fecha, se sostiene que los denominados crímenes de lesa humanidad sólo fueron perpetrados por los militares que asumieron la conducción política del Estado a partir de 1976. Esta hipótesis hoy se contrasta, o se enriquece, con la que sostiene que la Triple A fue un organismo respaldado y financiado por el Estado para asesinar disidentes.

Las investigaciones aseguran que las muertes cometidas por los sicarios del oficialismo de entonces suman casi mil personas. López Rega fue el responsable de esta tenebrosa organización, pero está claro que no pudo haber llevado adelante la faena criminal sin el respaldo del gobierno de entonces.

La persistencia del terrorismo de Estado en aquellos años incluiría también a la organización Montoneros, en tanto que durante 1973 y los primeros meses de 1974 ocuparon cargos importantes en la estructura estatal y, de acuerdo con investigaciones recientes, es muy probable que se hayan valido de estos dispositivos públicos para realizar operaciones militares.

Funcionarios del oficialismo sugieren que los crímenes de la Triple A se cometieron sin el conocimiento de Perón. El argumento es, en el mejor de los casos, ingenuo. Suponer que un político como Perón no estaba al tanto de las tropelías cometidas por su principal colaborador -al frente del Ministerio de Bienestar Social-, es tan poco creíble como postular que el general Jorge Videla desconocía los operativos realizados por los grupos de tareas.

Por otra parte, las declaraciones de Perón amenazando con exterminar a los disidentes de su movimiento, autorizan a pensar que estaba al tanto de lo que ocurría y hasta es probable que, de una manera expresa o tácita, lo haya alentado. La misma imputación alcanza a su esposa Isabel Martínez, cuya afinidad política con López Rega era evidente.

En cualquier caso, está claro que la negativa de la Justicia española de autorizar la extradición de la ex presidenta es una noticia tranquilizadora para el oficialismo peronista.